Parece ser que dos horas son suficientes para que presente la dimisión, y se acepte, uno de los miembros más importantes del organigrama del gobierno del PP: el gerente de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia, Daniel Furió. Esto es lo que se desprende de lo que pasó ayer en Gandia, dado que el gobierno municipal anunció la dimisión de Furió sólo dos horas después de que el edil socialista Vicent Mascarell preguntara en la comisión de Alcaldía y Régimen Interior por los rumores que apuntaban a un cese en las funciones del gerente de IPG. Una pregunta que recibió como contestación uno “no” rotundo por parte del portavoz del gobierno, Víctor Soler.
Este nuevo episodio rocambolesco en el día a día del gobierno del PP ha hecho saltar las alarmas, porque para los socialistas, esta cuestión demuestra dos posibilidades: o que Víctor Soler volvió a mentir, como ya es costumbre en él, o que existe una verdadera crisis interna en el gobierno de la mayoría absoluta del PP, donde pasan cosas sin que nadie se dé cuenta. Sólo así se explica que a las 12 horas el gobierno negara una dimisión que a las 14 horas aparecía en la orden del día del consejo de administración de la empresa pública que tendrá lugar mañana.
En valoraciones del portavoz y secretario general del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Gandia, José Manuel Orengo, la historia de esta dimisión es un compendio de las dos circunstancias. Así, para Orengo, la verdadera razón de la dimisión de Furió es que “no estaba dispuesto a realizar determinadas transacciones económicas en contra del criterio de Torró y estaba harto del circo en que el PP había convertido la empresa pública en sólo un año y medio de gobierno”.
Y es que los socialistas han recordado la importancia que para la estrategia del PP tienen las empresas públicas, dado que todas las grandes operaciones de compra-venta de Torró, así como casi toda la lista de enchufados que poco a poco van destapando los socialistas, se están fraguando y ejecutando desde la empresa pública IPG. Así, Orengo ha recordado casos concretos como la compra de la Citroën, el alquiler de Cocoloco, los chiringuitos, la compra de las boleras de la playa, o la elaboración de informes privados de parte como el de la situación del edificio Innova, o los acuerdos con las televisiones privadas de la ciudad y el pago de más de 1,7 millones de euros a cada una de ellas.
Todo este “lío” en que el PP ha convertido la empresa pública IPG, así como la existencia de manifiestas divisiones entre las dos piezas clave del entramado de las mercantiles públicas, Carlos Bolta y Daniel Furió, han acabado con la dimisión del segundo, que no ha podido soportar las presiones de un Torró que está haciendo crecer de manera desorbitada la deuda de la ciudad desde la empresa que el propio Furió estaba dirigiendo.
Curiosamente, los socialistas, después de la pregunta de Mascarell en la comisión de ayer, dieron el protagonismo de la campaña de “El enchufado de la semana” al que mañana dejará de ser gerente de Iniciatives Públiques, dando así lugar a la llegada de un nuevo enchufado del gobierno del PP. Un nuevo estómago agradecido que, además, será de los importantes, porque es uno de los cargos que más cobra en el consistorio.