Un centenar de personas han sido contratadas por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal quebrada IPG como reconoció en el pleno de ayer el propio alcalde. La misma empresa pública que debe las nóminas del pasado mes de abril, sin atender la normativa que le obliga a publicar en el tablón de anuncios sus ofertas de empleo, está formalizando contratos con claro objetivo electoralista.Unas contrataciones que se realizan sin publicidad ni libre concurrencia y que, teóricamente, han de cubrir los servicios municipales de la temporada de verano en la playa, como el playa-can, aunque no empiezan hasta el 1 de junio.
Arturo Torró reconoció estas contrataciones masivas con cargo al erario público en respuesta a una pregunta de Vicent Mascarell sobre las mismas. Al grupo municipal socialista nos habían llegado informaciones de gente contratada que vagaba por las diferentes instalaciones municipales en su primer día de contrato para que les dieran algo que hacer ya que ellos mismos desconocían sus funciones. Este tipo de situaciones nos hacían temer lo que confirmamos ayer, que el Ayuntamiento de Gandia ha contratado sin ton ni son para tratar de reducir las listas del paro y tener a más gente contenta de cara a los comicios. El perfil de las personas contratadas se desconoce, así como los criterios de contratación.
Para Mascarell “No es casualidad que estas contrataciones se realicen en periodo electoral; de hecho, la temporada estival es una excusa fácilmente desmontable si se acude a las contrataciones hechas en abril y mayo en los últimos años”. Para Mascarell “lo más grave es el Ayuntamiento juegue con sus ciudadanos en un tema tan sensible y de tanta necesidad con el empleo; no es lícito ni ético que se contrate porqué sí, subjetivamente, sin procesos abiertos de libre concurrencia y con publicidad”.