A seis meses de las elecciones municipales, el gobierno del PP pretende aprobar una concesión de viales y obras públicas que hipotecará la ciudad durante los próximos 20 años. Se trata de adjudicar a una sola empresa todas las intervenciones de mantenimiento y obras menores por 68 millones de euros que se suman a una deuda municipal que ya se encuentra en quiebra. Un contrato que no se ajusta al plan de viabilidad municipal en lo que entendemos que no se ha informado Montoro de las intenciones del gobierno del PP.
El plan, que no se ha presentado al resto de corporación ni en la comisión de hacienda ni en la comisión de urbanismo, hipoteca además el futuro de las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y que podrían aspirar a estos contratos si no estuvieran concedidas a 20 años vista para que una adjudicación de esa magnitud sólo se la puede quedar una gran constructora de fuera.
Para Vicent Mascarell «el gobierno del PP ya ha decidido qué calles son de primera y cuáles de segunda y le toma el poder de decisión a los ciudadanos«. Asimismo, señala que «en una situación económica de quiebra en la que, si el alcalde no fuera del PP, el Ministerio ya habría intervenido la ciudad, no es de recibo pagar 68 millones de euros que aumentan la deuda y menos a seis meses de las elecciones cuando, según los plazos legales, se adjudicarían las obras». Y añade que «la única explicación que tiene una operación de estas características, con unas elecciones al caer que el PP sabe que tiene perdidas, es que alguien se quiera garantizar su futuro laboral durante 20 años después del favor que le hará a el adjudicatario «.