El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Prieto, ha valorado la noticia de una nueva demanda de embargo fruto de lo que ha calificado como “una prueba más del amiguisimo y el derroche con el que funcionaba el gobierno del PP mientras sembraba de impagos la ciudad. Este tipo de pagos millonarios a amigos y empresas afines son los que nos han llevado a aprobar un presupuesto que contempla subir los impuestos. Los gandienses tienen que conocer que durante la anterior legislatura, la fiesta, los saraos, las fotos en el Facebook y revistas como esta provocaron la situación en la que estamos, es decir, vernos en la obligación de subir los impuestos y reducir los servicios tras la imposición del Ministerio de Hacienda”.
Así, ahora se ha conocido que la empresa editora de la revista ‘Sociedad y Política’, Altoclaro SL, ha solicitado el embargo de la oficina de turismo de la playa de Gandia por el impago de una deuda de 85.000 euros más intereses. En total, la deuda asciende a 110.400 euros.
Al respecto, Prieto ha recordado que el talón que reclama la mercantil, fue firmado por el anterior alcalde Arturo Torró cuando ya se encontraba en funciones y “apareció” junto a otros talones cargados contra las cuentas de IPG en el despacho municipal del Partido Popular. Fue Lola Mocho, consejera de IPG, la que presentó dichos pagarés al nuevo gobierno cuyo montante total ascendía a 661.000 euros.
“Resulta escandaloso que una empresa que en 2013 facturó 230.626 euros, en 2014 258.819 euros, y que sólo en los primeros 4 meses de 2015, facturó 271.872,48 euros de los que se pagaron un total de 225.000 euros, reclame ahora más dinero a una empresa pública que quedó en la quiebra por pagar este tipo de publicaciones que sólo tenían por objetivo encumbrar al anterior alcalde y al gobierno del PP. Pagábamos páginas de un medio local a precio de periódicos de tirada nacional”, ha declarado Prieto, quien ha añadido que “desde el primer momento de la legislatura, anunciamos que seríamos totalmente transparentes en el uso que se da de los recursos municipales que los ciudadanos aportan a través de sus impuestos. En esa misma línea, también dejamos claro que vigilaríamos todos los gastos que se hubieran producido con antelación a la llegada del gobierno de la actual corporación con el fin de averiguar a dónde habían ido a parar el dinero de todos y todas. Por ello, hemos puesto en conocimiento del departamento jurídico estas prácticas oscuras e iniciaremos un proceso judicial que esclarezca este nuevo empaste que nos ha dejado el PP”.
Cabe recordar que el director de dicha publicación, también mantuvo en su día relaciones empresariales con el anterior alcalde y que por ello ha tenido que declarar el proceso judicial que sigue abierto y donde se investiga las relaciones de Arturo Torró y miembros de su gobierno con una empresa que fue beneficiaria del contrato de las televisiones que firmó el PP tras cerrar la televisión pública de Gandia.
Por otra parte, el portavoz del gobierno, ha realizado una comparación sobre lo que ha supuesto el gasto desmedido en dicha publicación, ya que la cantidad abonada entre enero de 2013 y junio de 2015 equivale a todo el dinero que destina esta ciudad a rentas de emergencias para los que peor lo están pasando, un mes de la recogida de basuras, (ellos que tanto se llenan la boca hablando de limpieza en las calles) y 6 meses de la limpieza de parques y jardines.
Finalmente, Prieto ha declarado que “esperamos que la acción de responsabilidad social contra los anteriores administradores de la empresa pública pueda devolver a la ciudadanía el dinero que la empresa editora de esta publicación facturó con el único fin de alabar al PP de Torró y sus secuaces”. Se trata de cerca de 800.000 euros entre enero de 2013 y junio de 2015.