De nuevo, el gobierno del PP ha malgastado en balde el dinero de los ciudadanos con la constitución de una comisión para el rescate de la concesión privada de los aparcamientos, al mismo tiempo que se modificó el objeto social de la empresa pública para poder efectuarlo. Bajo el pomposo nombre de “Comisión para la elaboración de una memoria comprensiva de los aspectos sociales, financieros, técnicos y jurídicos de la actividad, la forma de gestión y los supuestos de cese de la actividad, en relación al servicio de gestión de aparcamientos públicos”, se contrató a Lola Moncho y otras tres personas más para gestionar supuestamente esta memoria que, tras las alegaciones efectuadas por empresas concesionarias, partidos políticos y ciudadanos particulares junto a los informes del interventor, ha quedado en agua de borrajas.
El Ayuntamiento se encuentra inmerso en un plan económico-financiero “lo que veta de forma irrefutable que pueda acometer dichas inversiones por carencia de recursos económicos y de créditos suficientes para atenderlas” según el informe de la intervención que ya advirtió en su día de la inviabilidad de dicho propósito.
Liduvina Gil, concejal socialista recuerda que “Esto no ha impedido que durante dos años Lola Moncho y el resto de miembros contratados a través de IPG, cuya deuda asciende 63,7 millones de euros, hayan cobrado su sueldo puntualmente por unas labores que los socialistas, al igual que el interventor, ya indicamos que no llevaban a ningún sitio”.
La concejal socialista señala que “Por ello, y ante la falta de información respecto a las maniobras de la empresa pública, queremos saber qué coste ha supuesto a las arcas municipales dicha comisión y qué va pasar con estas personas a partir de ahora, si se va a prescindir de ellas al quedarse sin ninguna función o se van a inventar otra comisión para que puedan seguir cobrando mientras realizan política ficción”.