El Grupo Municipal Socialista de Gandia ha presentado hoy, último día en que podía hacerse, alegaciones contra la modificación que el gobierno de Torró ha realizado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para llevar a cabo la adquisición del edificio de la Citroën para crear el nuevo retén de la Policía Local.
Concretamente, se trata de unas alegaciones con las que los socialistas piden que se deje sin efecto una modificación en el uso del solar situado en la avenida de Valencia nº 55 y de la parcela STD-8 del sector Santa Anna. La operación, según ha explicado el concejal socialista Vicent Mascarell, consiste en que el solar de la Citroën pase a ser dotacional de seguridad y un solar dotacional próximo paso a ser comercial.
Mascarell ha explicado que los socialistas tienen “muchas dudas sobre una operación financiera y sobre los beneficios que va a provocar la misma”, dado que no entienden ni las prisas ni la necesidad “de que sea este edificio y este solar y no otros”.
Y es que, según ha explicado Mascarell, los socialistas consideran que el gobierno ha realizado una operación contraria a derecho mediante la cual utilizan un procedimiento de modificación del PGOU para encubrir el procedimiento que se tendría que haber seguido cumpliendo con los principios de publicidad y concurrencia que marcan la ley ni con los de eficacia y eficiencia a los que están sujetas las actuaciones de las instituciones municipales.
Mascarell ha explicado con ejemplos asegurando que “en los tiempos de crisis económica que corren, con un periodo de publicidad y concurrencia serían más las empresas que solicitarían vender sus locales para acoger el futuro retén de la policía”. Además, los socialistas no entienden que el gobierno no haga uso del solar dotacional que tiene a pocos metros y que, al parecer, permutará con la empresa dentro de la operación.
Mascarell ha finalizado recordando que se trata de una operación muy importante y de la que se ha obtenido muy poca información: ni el precio, ni los motivos para escoger un solar afectado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, y ha recordado que la operación, con la reforma del retén incluida, podría llegar a una cifra entre los 6 y los 10 millones de euros.
Por su parte, el regidor del Grupo Municipal Socialista y miembro de Els Verds, Joan Lluís Soler, ha lamentado que el gobierno no haya hecho entrega del protocolo de actuaciones de la operación dentro del plazo para presentar alegaciones, que acababa hoy mismo. Soler ha recordado que este protocolo se ha pedido hasta en tres ocasiones al gobierno desde la comisión celebrada el pasado 27 de septiembre.
Soler, quien ayer mismo preguntó en el pleno por esta cuestión, asegura que “no existe la transparencia de la que habla el PP, dado que hemos tenido que presentar estas alegaciones sin poder consultar un documento tan importante como el protocolo de actuaciones”.