Ayer informamos en el juzgado núm. 8 de lo Contencioso-Administrativo de Gandia sobre lo ocurrido con la desaparición de facturas, 68 de 371, en el momento en qué el concejal Vicent Mascarell obtuvo el mandato judicial para permitirle el acceso a una contabilidad que el gobierno municipal le negaba. Entendemos que tras esta sospechosa desaparición se obstruye a la justicia, se desobedece a la autoridad y se malversan fondos públicos, comportamientos todos tipificados como delitos. Los acusados son el gerente de la empresa pública, Gonzalo Morant; todos los miembros del consejo de administración y el alcalde Arturo Torró en tanto que presidente de IPG.
Para Vicent Mascarell “Con la misteriosa desaparición de las facturas se obstaculiza e incumple la providencia del juez que nos permitía el acceso a la información que el gobierno del PP nos negaba” y señala que “no deja de ser duro acudir a la justicia porque piensas que tu alcalde y el gerente de IPG pueden haber delinquido” a través de una empresa pública que acumula 40 millones de deuda y más de 80 contratados de los que se desconocen sus funciones, horarios y honorarios.