Gandia 17 de noviembre 2015.- «El Partido Popular de Gandia no está autorizado a la hora de criticar la contratación de servicios jurídicos externos por parte de este gobierno». De este modo se ha expresado el concejal responsable de Contratación, Jose Manuel Prieto quién añadía: “El PP es perfectamente consciente que no hay ningún abogado penalista en la plantilla del consistorio. En la pasada Junta de Gobierno el letrado Titular del Ayuntamiento de Gandia lo certificó y que por lo tanto, hemos tenido que realizar una contratación menor a 18.000 € que no requiere concurso. El abogado elegido es Profesor de Derecho Penal en la Universitat Jaume I de Castelló y ha participado en la acusación popular de los casos Gürtel y Fabra con una trayectoria más que destacada en su campo”.
Hay que recordar que de la pasada legislatura, el actual ejecutivo tuvo que aprobar más de 180.000 € en facturas impagadas a un conocido bufete de abogados que era habitualmente contratado por el anterior gobierno.
Además, el actual ejecutivo ha encontrado varias facturas emitidas en la empresa pública por importes muy superiores a los 15.000 € (como máximo) que se pagarán al encargado de representar en el Ayuntamiento de Gandia en la personación en la investigación judicial del conocido como Caso Púnica.
Por un lado, hay facturas por un importe total de 503.000 € del bufete Uría Menéndez de la pasada legislatura y más de 600.000 € de varios despachos de abogados facturados a la empresa pública IPG correspondiente a los últimos dos años de la pasada legislatura.
Todas estas facturas se corresponden al periodo de tiempo transcurrido entre los años 2013 a julio de 2015, puesto que ha resultado imposible encontrar más documentos, ya que las facturas anteriores se borraron por el «virus» que afectó los ordenadores de la empresa pública.