El PP pide que se eliminen 100.000 euros del presupuesto de Gandia destinados a pagar a la Protectora de Animales

El pasado Pleno del Ayuntamiento de Gandia aprobó con los votos a favor del PSPV-PSOE y Compromís Més Gandia Unida, la abstención de Ciudadanos y los votos en contra del PP los presupuestos de la ciudad para 2021, en los que han causado sorpresa una de las enmiendas que presentaron los populares –rechazada por el Gobierno local– en la cual pedían la eliminación de 100.000 euros de la partida ‘protección de la salud-perros’, con la que el consistorio gandiense hace frente a los pagos del convenio que tiene suscrito con la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente (SPAMA) de la Safor.

“Tenemos que poner de manifiesto la contradicción del Sr. Víctor Soler, que alentaba manifestaciones animalistas, pero ni pagaba a la Protectora de Animales cuando gobernaba, ni ahora en la oposición quiere que se le pague. Además, el ayuntamiento incumpliría un contrato que tiene adjudicado mediante concurso público con SPAMA para dos años, con una posible demanda por parte de la Protectora”, ha indicado la concejala socialista Liduvina Gil.

Gil recalca que “si se hubiese aprobado esta enmienda del Partido Popular, SPAMA se hubiera quedado sin esos fondos económicos tan imprescindibles para llevar a cabo la necesaria labor para la recogida y cuidado de los animales de nuestra ciudad”. Para los Socialistas de Gandia “esto tiene un nombre claro: cinismo. Ante este posicionamiento tan incongruente, el portavoz temporal del PP –que montó todo un espectáculo animalista antes de las pasadas elecciones municipales– es como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer”.

Los socialistas han calificado de “absurdas, hipócritas e incongruentes” las enmiendas presentadas por el PP al presupuesto municipal de 2021, como por ejemplo aquellas que querían privar de recursos económicos el buen funcionamiento del Ayuntamiento de Gandia, proponiendo eliminar la partida para implantar la contabilidad analítica –una obligación legal que tiene el consistorio– o la que se destina a las autoliquidaciones para hacer más fácil la vida a la ciudadanía con sus compromisos fiscales.