Unos días después de conocer las intenciones del gobierno del PP de no afrontar el cumplimiento de la sentencia del juzgado número 2 de Valencia que obligó a readmitir e indemnizar a las 12 educadoras que denunciaron, por ilegal, su despido por parte del ejecutivo de Torró, el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Gandia ha pedido hoy al gobierno del PP que las Escoletes vuelven a ser de gestión pública como medida para poder cumplir la sentencia que ahora es firme y readmitir a las 12 educadoras.
Tal y como ha explicado el concejal socialista Vicent Mascarell, la opción de volver a hacer la red de Escoletes de gestión pública es “viable y ajustada a la ley”. Además, tal y como ha añadido, el coste que pueda tener esta recuperación “no será más caro ni más injusto que la actual situación, en la cual el gobierno tiene que pagar más de 800.000 euros para indemnizar a unas trabajadoras despedidas de manera ilegal y que llevan más de un año sufriendo el autoritarismo del PP”.
Tal y como ha recordado la edil Liduvina Gil, estas 12 personas despedidas ilegalmente “llevan más de un año luchando contra el gobierno del PP exigiendo que se haga justicia” y ha lamentado que, en todo este procedimiento, el gobierno del PP de Gandia ha demostrado “una falta de respeto y de solidaridad con estas familias que es impropia para una administración pública y más en un momento de crisis como este”.
Gil no ha dudado en hablar de “engaño y enfrentamiento con todas las partes implicadas” por parte del gobierno del PP de Torró en todo el procedimiento de privatización de las Escoletes. Así, ha recordado las mentiras de Torró a las madres y padres de los alumnos en la reunión de la Casa de la Marquesa, cuando aceptó un déficit de 150.000 euros y después se negó a un coste total de 200.000 euros con una bajada considerable de los sueldos de las educadoras. Gil ha asegurado que “Torró nunca quiso negociar con el sindicato y nunca intentó subrogar a las educadoras, que ahora reciben la razón por parte de la Justicia”.
Además de esta petición, Mascarell también ha anunciado que los socialistas van a llevar a cabo otras dos acciones en referencia a la sentencia firme de las educadoras de las Escoletes. Por una parte, ha anunciado una ampliación de las alegaciones presentadas la semana pasada en los presupuestos de 2014 “para que incluyan los costes del cumplimiento de esta sentencia y arbitren un mecanismo para incluir a estas 12 trabajadoras municipales en la plantilla”.
Respecto a este asunto, Mascarell ha recordado que el gobierno del PP “ha estado mintiendo y engañando a la opinión pública y a los ciudadanos de Gandia”, dado que en un primer momento anunciaron un recurso de la sentencia judicial que nunca ha llegado. Y la mentira y el engaño van mucho más allá, tal y como ha relatado el concejal socialista, porque el gobierno del PP elaboró los presupuestos “sabiendo que esta sentencia iba a ser firme” porque no habían alegado, y a pesar de esto, no contemplaron en los presupuestos “ni un solo euro para poder ejecutar la condena”, haciendo que los presupuestos “sean todavía más inútiles de lo que pensábamos”.
Advertencia por escrito a los 12 ediles del PP
La otra medida que ha anunciado Mascarell que llevarán a cabo desde el Grupo Municipal Socialista es el envío de una advertencia por escrito e individualizada a cada uno de los 12 concejales del PP de Gandia “que parece que en los plenos o no saben lo que votan o votan lo que les dice Torró”. Así, los socialistas explicarán a los concejales populares que la votación en contra de las impugnaciones del PSPV-PSOE a los presupuestos ilegales e irreales del PP “puede comportar acciones contra ellos por prevaricación y por incumplir la ley y una sentencia judicial firme”.
Mascarell ha criticado que, una vez más, queda demostrado que “las continuas decisiones improvisadas del gobierno del PP y que siempre tienen un mal resultado, obtienen como respuesta de Torró culpar a los socialistas y posponer la solución a los problemas que él mismo ha creado”. Por último, Mascarell ha echado en cara al gobierno del PP que en todo el procedimiento de la privatización de las Escoletes “se ha maltratado a la justicia y a unas personas que sentencia tras sentencia los jueces les han dado la razón”.