El concejal socialista en el Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, ha denunciado hoy que la compra por parte del Gobierno del PP del concesionario de Citroen de Gandia “escondía en realidad el rescate a un empresario hipotecado”, mientras que la construcción del retén policial fue “solo una excusa para justificar esa operación” que ahora está investigando la Fiscalía.
Mascarell ha asegurado que el Ayuntamiento de Gandia no puede formalizar la compra de la Citroen“porque el edificio tiene una carga hipotecaria de 400.000 euros”, lo que demuestra que la operación realizada por el Gobierno del PP no es una expropiación forzosa “sino una operación de compra-venta sin concurrencia y publicidad destinada a beneficiar a un particular”.
El socialista ha explicado que la Junta de Gobierno local aprobó el pasado 28 de enero una nueva modificación del convenio de expropiación del edificio para prorrogar seis meses más al pago al propietario de los 2,4 millones de euros que todavía le debe después de haberle abonado ya 1,5 millones de euros.
Según ha recordado el concejal, hace un año el Gobierno del PP aprobó el convenio para la compra de la Citroen que, disfrazado de expropiación forzosa, incluía el pago de 3,9 millones de euros al propietario, 1 millón de en el momento de la firma yotros 2,9 millones de euros una vez ocupado el edificio.
Sin embargo, el convenio se modificó en el mes de julio de 2012 de manera que la empresa propietaria del edificio cobraría primero 1,5 millones de euros y el Ayuntamiento tendría seis meses para pagar el resto. Pero Mascarell ha aclarado que ese pago seis meses después aún no se ha efectuado, por lo que se ha vuelto a plazar sin informar a la ciudadanía, a los medios de comunicación o a la oposición.
El socialista se ha preguntado “qué ha pasado para que el Gobierno de Torró no formalice la expropiación y no pague en el tiempo y forma pactados”, ha exigido información acerca de todo lo que está pasando alrededor del “caso Citroen” y ha denunciado que el PP “no informe a la ciudadanía de las novedades al respecto de este tema, que ha despertado tantas dudas y que está siendo incluso investigado por la Fiscalía”.
Un año después de que se formalizara la compra, ha recordado Mascarell, “el propietario ya ha cobrado 1,5 millones de euros, a pesar de que el Gobierno del PP sigue sin pagar a centenares de proveedores y el Ayuntamiento todavía no ha ocupado la propiedad ni ha podido comenzar unas obras cuyo inicio estaba previsto para septiembre”.
Por todo ello, el socialista ha reiterado que el proceso de expropiación de la Citroen es en realidad “una compra camuflada” para evitar la concurrencia y la publicidad, lo que a juicio de Mascarell guarda cierta similitud al proceso de adjudicación del suministro de agua potable, que una juez ha paralizado por ver indicios de “desviación de poder”.