El PSPV-PSOE de Gandia, tal y como anunció, ha dado un paso más allá y ha denunciado ante la justicia los presupuestos municipales, con la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra este documento. La impugnación de los presupuestos, que ya fue anticipada por los Socialistas de la ciudad, llega después del recurso que ya presentó el Grupo Municipal Socialista ante el Gobierno central, al considerar que la propuesta de presupuestos de la ciudad es “ilegal”. En estos términos se ha expresado el Portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, quien ha añadido que además de la denuncia ante el gobierno central, también del PP, el PSPV-PSOE da “un paso más allá e impugna también estos presupuestos ante el juzgado contencioso-administrativo”.
El PSPV-PSOE de Gandia ya denunció que los presupuestos municipales, impugnados por primera vez en la historia democrática, incumplen lo que establece la Ley de Haciendas locales. Más en concreto, los Socialistas de la ciudad ya denunciaron que no prevén ninguna partida para cumplir con las obligaciones crediticias que el Ayuntamiento tiene contraídas con terceros, no prevén tampoco ninguna partida destinada a las empresas públicas e hinchan la partida destinada a gratificaciones a funcionarios y personal de confianza.
El regidor del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, ha asegurado que los Presupuestos municipales “vienen recibiendo informes negativos del propio Interventor del Ayuntamiento de Gandia, el funcionario que más sabe de estos temas”, y que “la impugnación viene motivada por argumentos legales”.
En concreto, Mascarell asegura que lo primero que sorprende de los presupuestos presentados por el gobierno del PP es que no incorporan las obligaciones crediticias del Ayuntamiento con terceros, en no destinar ninguna partida para hacer frente a las amortizaciones de capital de los préstamos contraídos. Además de no pagar los bancos, en el documento no se incluyen los programas anuales de la emprendida Iniciativas Públicas, una obligación que tiene el Ayuntamiento en virtud del artículo 166.1.b del Real decreto Ley 2/2004.
Por si fuera poco, el documento hincha las partidas destinadas a gratificaciones para funcionarios del consistorio y personal de confianza, más allá del límite que contempla la ley para estos casos. Con todo, el concejal socialista Vicent Mascarell ha asegurado que el Alcalde de la ciudad, Arturo Torró, “importa a la vida pública sus prácticas privadas como empresario que no paga a nadie”.
Ahora será un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana quién dictamine sobre la validez de los Presupuestos del 2013, elaborados por el gobierno municipal del PP.