El secretario de Integración de la ejecutiva del PSPV-PSOE de la agrupación local de Gandia, Ricard Moncho, ha valorado hoy con satisfacción la resolución adoptada por el Defensor del Pueblo de la Comunitat Valenciana y que obliga al gobierno de Gandia a dar marcha atrás en sus políticas de empadronamiento que trataban de dificultar la adscripción al municipio de ciudadanos recién llegados en situación irregular.
Moncho ha ido un paso más allá y ha exigido al ejecutivo de Torró que “acate y cumpla de manera inmediata esta resolución para dejar de perjudicar, cuanto antes mejor, a los ciudadanos extracomunitarios que llegan a nuestra ciudad en busca de oportunidades”. Y es que desde las filas socialistas ya avisaban al gobierno, “desde el primer momento y en reiteradas ocasiones”, que sus políticas de inmigración que lleva a cabo el PP son “improcedentes, inconstitucionales y con un marcado carácter discriminatorio”.
El responsable socialista de Integración se ha felicitado por la decisión que ha tomado el Defensor del Pueblo a partir de una denuncia presentada por el despacho Mascarell Advocats de Gandia que gestionaba las protestas de una persona afectada por las medidas de empadronamiento que, desde mayo de 2012, ha estado aplicando el PP de Gandia.
Moncho ha recordado que, lamentablemente, el caso de Gandia no es aislado y que precedentes como el de Vic (Barcelona) ya habían creado jurisprudencia al respeto y habían marcado que no empadronar personas en situación irregular es ilegal. Pero el PP de Gandia, lejos de atender a los precedentes y de escuchar las advertencias que llegaban desde la oposición, sindicatos y asociaciones interculturales, decidió seguir adelante con unas políticas que ahora le exigen retirar y que han estado provocando molestias y discriminaciones a personas que llegan a Gandia durante más de un año. Por eso, Moncho ha insistido en exigir la inmediatez en el cumplimiento de la resolución.
Moncho ha concluido explicando que la política de inmigración que está aplicando todavía el PP en Gandia “es injusta porque establece una sociedad de ciudadanos de primera y de segunda dejando invisibles a un sector importante de la población”. Un sistema muy alejado de los derechos fundamentales que tiene una persona extracomunitaria que llega a la ciudad y que, tal y como marca la ley, tienen derecho a ser empadronados porque, de no ser así “no podrían acceder ni a la sanidad ni a la educación, abocándolos a la más absoluta de las marginaciones”.