La concejal Liduvina Gil y la secretaria general del PSPV-PSOE en Gandia, Diana Morant, han formalizado esta mañana ante el juzgado de lo Penal de Gandia una querella contra Arturo Torró, Javier Reig, Marta Cháfer y Guillermo Barber. La denuncia se presenta por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, desobediencia grave, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los querellados se enfrentan a penas que podrían superar los 7 años y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El gobierno del PP, tras privatizar les Escoletes y despedir a las trabajadoras ha incumplido reiteradamente hasta dos sentencias judiciales que declaraban improcedente el despido y condenaban al Ayuntamiento a reincorporarlas y pagarles los salarios de tramitación. El gobierno las reincorporó para despedirlas de nuevo, sin abonarles ningún tipo de salario o indemnización.
La querella viene a comunicarle al juez distintos aspectos como que :
“los querellados, en sus respectivas funciones representantes de Gobierno de Ayuntamiento de Gandia, al elaborar y aprobar los presupuestos de dicho Consistorio para el año 2014, no incluyeron los costes derivados de ambas sentencias (unos 700.000€), negándose igualmente a hacer previsión presupuestaria a tal efecto, a sabiendas que una vez fueran aprobados, por su propia mayoría absoluta y sin posibilidad de veto por los partidos de la oposición, ya no podría atenderse al pago de la Sentencia condenatorias”.
Por lo que:
“han desobedecido y desatendido el cumplimiento de resoluciones judiciales, haciendo imposible su cumplimiento al no dotar de forma voluntaria y dolosa una partida destinada a la readmisión de las trabajadoras, el pago de sus salarios de tramitación y los costes de su despido final, dejando a las mismas en situación de verdadera necesidad en algunos casos, privándolas de su derecho a la efectividad de la reincorporación a sus puestos de trabajo en los términos del fallo judicial de manera consciente y finalmente dirigidas sus actuaciones a impedir el ejercicio de ese derecho como trabajadores, legalmente protegido y judicialmente reconocido”
Para Liduvina Gil, “el gobierno ha mostrado durante todo este proceso una falta de humanidad y una rebeldía ante la justicia que no debe quedar impune” y añade que “no es grato acudir a los juzgados, menos aun a lo penal, pero no queda más remedio cuando los que deberían representar a todos los ciudadanos y velar por los intereses del Ayuntamiento se niegan a obedecer a la justicia con los perjuicios que ello conlleva a las trabajadoras afectadas y que conllevará para Gandia en el futuro”.