“Es un hecho inédito que un ayuntamiento en quiebra actúe como un banco y entregue 3,5 millones de euros a una empresa pública en liquidación”

El pasado 3 de septiembre, el Consejo de Administración de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) —en el que no están representados los grupos políticos de la oposición— decidía por unanimidad de sus miembros solicitar un crédito de 3,5 millones de euros al Ayuntamiento de Gandia.

“Es un hecho inédito que una administración en quiebra —que se niega a pagar los créditos bancarios y que mantiene una deuda con proveedores de millones de euros—, actúe como un banco y apruebe una operación de tesorería de este calado”, indica el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Vicent Mascarell.

Si bien es cierto que el Gobierno local ha negado al Grupo Municipal Socialista el acceso a los informes íntegramente, del mismo decreto se desprende que “de forma previa, expresa y reiterada, el secretario advierte —tanto al alcalde de Gandia, Arturo Torró, como al gerente de la empresa pública IPG, Gonzalo Morant— de la improcedencia jurídica de la operación”. “Esta operación se hace con tres informes en contra de altos funcionarios municipales: el tesorero, el interventor y el titular de los servicios jurídicos, que hablan de una operación ilegal”, afirma Mascarell.

Es la primera vez que el Ayuntamiento de Gandia deja dinero a la empresa pública. Así, no estamos hablando de una encomienda de gestión, sino de un préstamo puro y duro. “Los gandienses dejamos 3,5 millones de euros a la empresa pública no sabemos para qué, damos 3,5 millones con un informe contundente del interventor, e inyectamos 3,5 millones a una empresa en liquidación que ya debería de haberse liquidado”, señala el concejal socialista.

También, hay que destacar que se trata de un crédito a corto plazo. Así, el dinero tiene que devolverse antes del 5 de mayo de 2015 —casualmente a escasos días de las próximas elecciones municipales—.

Por último, se tiene que hacer referencia a las “personalidades” que firman esta oscura operación económica: Arturo Torró —alcalde de Gandia y presidente local del PP— y Gonzalo Morant —gerente de la empresa pública IPG, pero al mismo tiempo administrador de los negocios particulares de Torró y también tesorero del PP de Gandia—.