Hemos abandonado la comisión del contrato energético por su opacidad y falta de formalismo

Tanto el Grupo Municipal Socialista, como el Grupo Municipal Bloc-Compromís, hemos abandonado hoy la comisión para el estudio sobre el proceso de licitación del contrato de eficiencia energética, ante su total opacidad y carencia de formalismo. “Esto no es lo que habíamos pedido. Después del paripé de comisión que ha montado el alcalde Torró, todavía salimos con más dudas y muchas más sospechas”, sostiene el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Vicent Mascarell.

Por ello, los Socialistas exigimos la convocatoria formal de una Junta de Portavoces, donde se pueda analizar el papel que ha podido tener el empresario detenido por la trama corrupta de la Operación Púnica, Alejandro de Pedro Llorca, como posible intermediario en el contrato de electricidad del Ayuntamiento de Gandia, por valor de 38 millones de euros. Además, solicitamos que esta comisión sea pública.

“Al comprobar que tan sólo una empresa ha optado a un contrato de 38 millones de euros con un periodo de 15 años, consideramos que algo se ha hecho mal en este proceso”, apunta Mascarell.

Los Socialistas pedimos que se aporten todos aquellos contratos y las facturas de las empresas Eico Online Reputation Management y Madiva Editorial y Publicidad, que estén relacionados con el Ayuntamiento de Gandia y su empresa pública IPG.

También solicitamos que el PP de Gandia o Arturo Torró acredite los pagos efectuados a Eico u otras empresas administradas por el detenido De Pedro, por los trabajos realizados en la campaña de las elecciones municipales de 2011, así como que se aporten pruebas de la relación laboral o empresarial de Alejandro de Pedro Llorca con el Ayuntamiento de Gandia, antes de la llegada del PP al Gobierno local.

Torró deniega el acceso a las facturas de las empresas de De Pedro

Por otro lado, el alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha denegado hoy al Grupo Municipal Socialista, mediante un decreto, el acceso al expediente de contratación y de todas las facturas emitidas por las empresas Eico y Madiva —que están siendo investigadas por la Operación Púnica—, tanto al Ayuntamiento como a la empresa pública IPG, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.