La Dirección General de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, después de la visita efectuada el 12 de diciembre de 2014 durante 4 horas en cinco centros de trabajo y 21 puestos que cotizan y reciben el sueldo de la empresa pública, ha resuelto que se incumplen los puntos 1 y 2 del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, o lo que es lo mismo: que existe una cesión ilegal de trabajadores entre IPG y el Ayuntamiento de Gandia, una situación sólo autorizada en el caso de empresas de trabajo temporal.
La irregularidad laboral cometida supone que los trabajadores de IPG puedan convertirse en empleados fijo en una de las dos empresas que intervienen en la operación de cesión, eligiendo aquella que les resulte más ventajosa. La segunda consecuencia es que IPG y Ayuntamiento de Gandia deberán responder a las obligaciones contraídas con los trabajadores cedidos en materia salarial y de Seguridad Social. La tercera consecuencia es que, al considerarse una infracción muy grave en materia laboral, se pueden establecer multas de entre 3.005,07 € y 90.151,82 euros para los condenados.
La inspección es consecuencia de la solicitud presentada por el grupo municipal socialista donde se denunciaba que: «a la gran mayoría de los trabajadores dados de alta en la empresa pública I.P.G. se les desconoce función y centro de trabajo asignado, produciéndose en el mejor de los casos una cesión ilegal de trabajadores respecto a distintos departamentos del Ayuntamiento de Gandia y en el peor una simulación de relación laboral que provoca que trabajadores estén cotizando y recibiendo salarios de la empresa pública cuando realmente ejercen una función privada propia o ajena. Es habitual ver a trabajadores de IPG ejerciendo labores propias de militantes del Partido Popular o ejerciendo a las órdenes del Alcalde de Gandia sin vinculación alguna al cargo laboral encomendado».
No es la primera denuncia contra el actual gobierno del PP por cesión ilegal de trabajadores. Cabe recordar que ya fue condenado por esta cuestión por el despido improcedente de los trabajadores de GandiaTV y que el gobierno municipal no recurrió en su día.
Para Vicent Mascarell, esta nueva condena viene a ratificar que “La empresa pública es una máquina de infringir la ley en todos los ámbitos: al despilfarro económico, se suman las multas y condenas en materia laboral y que obligar al Ayuntamiento a cargar como personal laboral fijo con unos trabajadores cuyo único mérito para entrar en la administración fue militar en el PP”.