Gandia 23 de enero 2016.- El gobierno de Gandia ha valorado la sentencia de despido que condena a IPG a readmitir una trabajadora de la empresa pública al considerar que su despido fue improcedente.
Jose Manuel Prieto, responsable de personal del consistorio ha declarado que «nos encontramos ante una nueva muestra de irresponsabilidad por parte del PP de la ciudad que pone en claro su falta de respecto a las instituciones que anteriormente gobernaban. El anterior ejecutivo pervirtió el sistema de contratación pública colocando a sus afines y creando lugares a medida de sus amigos, familiares y afiliados. No conforme con esto, blindaron sus puestos de trabajo provocando una situación de total indefensión por este gobierno. Los cargos de confianza tienen que retirarse cuando el político pierde el gobierno pero no contentos con esto, el PP los blindó».
El portavoz ha querido añadir que actualmente el gobierno ha reducido de los más de 300.000 € mensuales que se gastaban en IPG en personal a poco menos de 70.000 €, limitando los trabajadores a servicios básicos como la grúa, lo ORA o la piscina del Grau. «Nosotros seremos los que liquidemos la empresa, un verdadero objeto pervertido por el PP donde los contratos y las contrataciones se realizaban a dedo sin ningún tipo de proceso abierto que permitiera al resto de la ciudadanía acceder a un puesto de trabajo si no tenían el carné del Partido Popular. El mismo Víctor Soler ha reconocido hoy en rueda de prensa que no sabe cuántos afiliados de su partido trabajaban a la empresa pública. Yo puedo contestarle: eran muchos, muchísimos, y será ahora cuando este gobierno responsable en la gestión tenga que afrontar todos los procesos de contratación dudosos que realizaron los populares. Un aspecto que de aquí a poco tiempo tendrán que afrontar ellos ante la Justicia como está pasando con los responsables otras empresas públicas de la Generalitat Valenciana que utilizaron el método del enchufismo masivo para los afines al PP».
