La pasada junta de gobierno municipal acordó cambiar los 3 millones de euros del Plan Confianza destinados a la construcción de un conservatorio a la remodelación del colegio Cervantes. Liduvina Gil ha explicado que “los socialistas entendemos que ambos proyectos son necesarios, pero no porqué se desentienden ahora del conservatorio”.
El anterior gobierno socialista había proyectado una Casa de la Música que no mereció ni el estudio por parte del nuevo gobierno del PP con la excusa que construiría un conservatorio al lado del Museu Faller. Poco después, trasladaban el proyecto de conservatorio a la planta baja de Simancas para trasladarlo, una vez más, al antiguo Espai d’Art al lado de la Plaça del Prado. “Dos años después de mover la bolita cual trileros, abandonan el proyecto sin explicación alguna”.
Resulta evidente la nulidad gestora del gobierno municipal ante la Conselleria d’Educació, del mismo color político que el gobierno, al no obtener la autorización para crear un nuevo conservatorio. Al mismo tiempo, el dinero presupuestado, se destinan ahora a la remodelación del colegio Cervantes, “que los socialistas entendemos también prioritaria, pero de la cual se tendría que hacer cargo la Conselleria”.
Con respeto a la remodelación y, a la vista de la duración de las obres del colegio Sant Francesc de Borja, Liduvina Gil solicita al gobierno “que aprendan de los errores para no repetir la situación, ya que los alumnos del Sant Francesc de Borja llevan más de dos años en barracones con el coste económico y de calidad educativa que suponen”.
Todos conocemos la precaria situación económica que atraviesa la Generalitat después de malgastar durante 18 años el dinero de los valencianos. “Con un gobierno socialista hubiéramos defendido los intereses de la ciudad en lugar de plegarnos a los intereses de partido. El PP de Gandia no quiere dejar en evidencia al PP de la Generalitat y por eso calla, abandona proyectos i asume gastos que no son competencia municipal”.
Profesores de la UPG impagados
Al mismo tiempo que el gobierno municipal anuncia, modifica, retira y cambia dotaciones presupostarias para instalaciones educativas, dejar de pagar al personal, como ocurre con los profesores de la UPG a los que se les deben las dos últimas nóminas.