La fiscalía investigará la compra de los cines y boleras del Gandia Palace por parte del Ayuntamiento de Gandia tras la denuncia presentada por los socialistas ante la falta de respuesta política. Hay que recordar que el gobierno aceptó la creación de una comisión de investigación de la llamada Operación Aplauso cuya última reunión se celebró el 26 de enero sin llegar a ninguna conclusión.
Los hechos se remontan a noviembre de 2011, cuando el gobierno municipal acuerda la adquisición de los locales de ocio del Gandia Palace en lo que Torró calificó de Operación Aplauso ya que en teoría se cobraría de ese modo la deuda que la empresa VIPEI arrastraba con el Ayuntamiento de Gandia, se adquiría patrimonio y se dinamizaba la playa. Los locales se adquirieron por 6,8 millones de euros, cuando una tasación del propietario unos meses antes rebajaba su valor a la mitad, y se irían pagando gracias al alquiler por la explotación de los locales, unas rentas que la empresa arrendataria Ozone nunca llegó a abonar al Ayuntamiento.
Tres años después, ninguno de los motivos por los que Torró calificaba de “aplauso” la operación se han cumplido. Por una parte, la deuda de 1,3 millones que arrastraba la empresa está condonada y es irrecuperable. Por otra, la escritura del edificio está a nombre del SAREB, el llamado “banco malo”, con posibilidad real de obligar al Ayuntamiento de Gandia a pagar los 6 millones de euros por los locales. Finalmente, la arrendataria de los locales cerró sin, como hemos dicho, abonar la cuota de alquilarAsí pues, ante una operación de despilfarro, deuda y ruina y la falta de respuesta política, nos hemos visto obligados a denunciar, el pasado 13 de mayo, ante la fiscalía anticorrupción a Arturo Torró, que condona la deuda y aprueba la compra y cesión de los locales; Javier Reig, como vicepresidente de la empresa pública IPG y consejero delegado, que es quien formaliza la escritura; y los gerentes de IPG Daniel Furió y Gonzalo Morant, ya que se trata de una operación continuada en el tiempo. Les acusamos de presunta administración desleal, malversación de caudales públicos, prevaricación y abuso en el ejercicio de sus funciones.
Para el concejal socialista Vicent Mascarell, “al igual que ha ocurrido con los chiringuitos, se vuelve a demostrar que el “coste cero” es para los amigos de Torró, no para Gandia” y advierte que “hemos denunciado este caso antes de finalizar la legislatura porque todavía estamos en la oposición. No resultaría incómodo como nuevo gobierno después del 24 de mayo llevar ante la fiscalía a los anteriores gobernantes, aunque a la vista de las numerosas operaciones lesivas para los intereses de Gandia y los procesos opacos con que se han realizado, quizá nos veamos obligados a ello”.