Una sentencia judicial única en la historia de Gandia desmontó ayer el mantra de la transparencia del gobierno del PP al condenarlo por no facilitar a los concejales de la oposición el acceso a información de las facturas de la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia. Así, la jueza del juzgado número 8 de lo Contencioso Administrativo de Valencia observa vulneración del derecho fundamental a la información recogido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
La narración de los hechos se remonta a 2012, cuando los socialistas, en su intento por fiscalizar la gestión del dinero público por parte del gobierno desde IPG, observaron dificultades en el acceso a las facturas del ejercicio de 2011. Unas dificultades que llegaron incluso a enfrentamientos personales con el gerente de la empresa pública, Gonzalo Morant, quien negaba a los miembros de la oposición la consulta de esta documentación.
Ante esta situación, el edil socialista y abogado Vicent Mascarell presentó una denuncia que ayer obtuvo una sentencia favorable para los socialistas y que obligará al gobierno a dar acceso a toda la información “sin limitaciones de tiempos ni otras dificultades”, ha explicado Mascarell, quien ha añadido que la sentencia habla de tratar las empresas públicas “cómo si fuesen un departamento más del Ayuntamiento”, por lo que “IPG dejará de ser el cortijo de Torró y del PP de Gandia”.
Ante esta sentencia, que sitúa a Gandia en la lamentable lista de corporaciones y gobiernos “que no respetan las mínimas reglas democráticas de un Ayuntamiento”, los socialistas se congratulan porque “por fin los gandienses podremos saber en qué se gastaron los miembros del PP el dinero que decían que no tenían y que ahora nos ha llevado a pedir tres rescates al gobierno de España”. Además, Mascarell ha señalado que la denuncia presentada por los socialistas y la consecuente sentencia “suponen un beneficio para toda la oposición de Gandia y para la ciudadanía”, que podrán saber con detalle en qué han gastado su dinero.
Aun así, a pesar de tratarse de una sentencia favorable a los socialistas, Mascarell ha querido explicar que no se sienten satisfechos por la misma “porque cuando se acude a la justicia por la vulneración de un derecho fundamental es porque no han funcionado las vías democráticas que establece el funcionamiento de un Ayuntamiento”. Un hecho que viene provocado “por la actitud dictatorial y antidemocrática de un gobierno que se llama transparente pero que en realidad vulnera los derechos de los miembros de la oposición”.
Respecto a esta situación, Mascarell ha querido acusar directamente al gobierno del PP en general y al concejal y portavoz Víctor Soler en particular “por ser el brazo ejecutor de las órdenes de Torró”. Mascarell ha asegurado que “para el delfín de Torró que quiere ser alcalde de esta ciudad, provocar que Gandia sea noticia por vulnerar los derechos democráticos de los miembros de la corporación es una muy mala noticia”.
Por último, Mascarell ha exigido responsabilidades entre los miembros del gobierno por haber provocado esta “lamentable situación” y ha asegurado que el Grupo Socialista va a pedir la ejecución “inmediata” de la misma para poder acceder sin limitaciones a la consulta de las facturas de la empresa pública IPG, y ha añadido que “no sólo las de 2011, también las de 2012”, asegurando que, si vuelven a ver dificultades, volverán a iniciar acciones judiciales.