La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha absuelto al presidente de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), Vicent Mascarell, ante la querella presentada por la que fuera representante del PP en esta empresa pública, Lola Moncho, por presuntas injurias y falta al honor contra su persona, al hacer pública su relación contractual con una de las empresas más beneficiadas por IPG, dirigida por su hijo y su sobrino.
En el auto judicial se acuerda el sobreseimiento de esta demanda, dado que las manifestaciones efectuadas por Vicent Mascarell se produjeron “en un marco de carácter claramente político, y responden a una opinión realizada por quien las emite, que no resulta gratuita al emitirse en relación a unos hechos o ideas que se exponen”. Además, las afirmaciones del presidente de IPG se llevaron a cabo en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión contemplado en el artículo 20.1.a de la Constitución Española.
“No nos van a callar al actual Consejo de Administración de IPG, que parte de un mandato muy claro de la ciudadanía, que no es otro que aplicar la transparencia, luces y taquígrafos ante el oscurantismo de la anterior etapa del PP. Y es que los gandienses se merecen saber en qué se gastaron un dinero, que no tenían, los anteriores gestores de la empresa pública”, ha remarcado Mascarell.
La exconcejal del PP Lola Moncho llegó a ocultar al resto de miembros del Consejo de Administración de IPG la existencia de una serie de contratos firmados con la empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico que facturaba 55.000 euros por año, por lo menos desde 2014. Estos contratos eran, aparentemente, ficticios porque en la práctica lo que se hacía era pagar el sueldo de Lola Moncho a razón de 4.235 euros al mes.
La empresa Gestiones Técnicas de Desarrollo Económico, propiedad del sobrino de Moncho, cobraba por realizar informes y asesoramiento de proyectos virtuales como la Ciudad Agroalimentaria, el Parque Acuático o la Universidad Católica, cuando en realidad tiene muy poca experiencia en este tipo de tareas. Además, el contrato obligaba a IPG a poner a disposición de la empresa un despacho con línea telefónica e Internet, y una secretaria pagada por la misma empresa pública, en la segunda planta del Ayuntamiento de Gandia.
Posteriormente se supo que la empresa, en realidad, estaba dirigida por el hijo de Lola Moncho, quien a su vez fue gerente de IPG en la primera etapa del anterior gobierno del PP.