La Justicia ha dado “el golpe definitivo a la pésima gestión económica del PP de Gandia”. Así ha hablado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Vicent Mascarell, para anunciar la peor de todas las sentencias judiciales para el PP durante esta legislatura, la que tumba definitivamente la renovación a 50 años del canon del agua que pretendía aprobar Arturo Torró.
Según afirma Mascarell, la sentencia llegó al consistorio gandiense hace ya más de un mes, pero el alcalde Torró y su gobierno “han preferido esconderla para engañar a la ciudadanía y ocultar un hecho que confirma, más todavía, la ruina a la que han llevado al Ayuntamiento de Gandia”. Y es que, tal y como afirman los socialistas, los populares acumulan hasta tres presupuestos cuadrando las cuentas con un ingreso extraordinario que contaba con sumar entre 8 y 10 millones por esta operación ilegal.
Cabe recordar que la oscura operación que pretendía llevar a cabo Torró y que iba a hipotecar a Gandia durante los próximos 50 años, fue denunciada por la mercantil Grupo Agbar (a través de su filial Aquagest Levante), quien consideraba que las condiciones del nuevo concurso que convocó Gandia tras pactar el rescate del agua por 86,5 millones de euros, eran a todas luces una barrera de entrada a otros posibles licitadores, puesto que quien optase a gestionar el agua de Gandia había de asumir los costes del rescate del contrato anterior, lo que daba una clara ventaja a la empresa actual del agua, Aguas de Valencia.
Los Socialistas lamentan que Torró haya escondido esta sentencia con la finalidad de tergiversar y manipular la información y seguir engañando a la opinión pública. Porque lo único cierto en todo esto es que la justicia falló favorablemente a la operación que llevó a cabo el anterior gobierno socialista -a pesar de todos los recursos que presentó Arturo Torró, que fue condenado en costas, cantidad que no se sabe si ya ha pagado-, mientras que la operación del gobierno del PP necesitó sólo de unos meses para ser paralizada por la justicia, que ahora la anula definitivamente, aliviando así la economía local, que habría sufrido un duro golpe de haberse llevado a cabo la operación.