El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Prieto, ha asegurado que la nueva imputación del exalcalde de Gandia, Arturo Torró, por el caso de la transferencia de dinero desde el ayuntamiento a la empresa pública IPG, demuestra “el mal uso y la perversión con la que el PP utilizaba el dinero de todos los gandienses y de la propia empresa pública, y que ahora conlleva una serie de consecuencias en forma de investigaciones judiciales”.
Torró y el exgerente de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), Gonzalo Morant, declararán el próximo 28 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia en calidad de investigados, por esta inyección económica bajo la apariencia de préstamos financieros y sin contar con el preceptivo informe favorable del interventor.
Cabe destacar que es el propio ministerio fiscal el que ha solicitado que declaren en el juzgado tanto Torró, como Gonzalo Morant. Por ello, lo que la Fiscalía pretende aclarar en este proceso judicial es porqué el anterior gobierno del PP transfirió 3,5 millones de euros a la empresa pública IPG en contra del criterio de los técnicos municipales. Y, más aún, los motivos por los que no se reclamó el dinero en los plazos que se habían acordado.
“Se trata de una prueba más de cómo desde los propios recursos económicos del Ayuntamiento de Gandia se transfería dinero a IPG para escapar del control de los funcionarios y de la fiscalización de la oposición, para gastar a manos llenas en saraos”, ha señalado Prieto.
De este modo, los socialistas le pedimos a los actuales concejales del PP que participaron en este tipo de movimientos financieramente oscuros, “que expliquen a dónde fue a parar el dinero y por qué se desoyeron las recomendaciones de los funcionarios municipales”.
Hay que recordar que el exalcalde Torró, y el anterior responsable de IPG, Gonzalo Morant, formalizaron el 9 de septiembre de 2014 un contrato de crédito a corto plazo por valor de 3,5 millones de euros con informes negativos y con reparos de legalidad tanto del interventor como del tesorero municipal, con la advertencia previa, expresa y reiterada de dichos reparos por parte del secretario general del Ayuntamiento. No obstante, Torró firmó el crédito y dictó el decreto, mientras que el anterior concejal de Hacienda, Guillermo Barber, resolvió en dicho sentido.
Además, estamos ante una práctica reiterada y continuada en anteriores ocasiones, al tener conocimiento que se han firmado un mínimo de cuatro operaciones de tesorería más con la empresa pública IPG por importe 2 millones de euros (17 de julio de 2013), 1 millón de euros (17 de junio de 2013), 1,3 millones de euros (1 de julio de 2013) y 2,6 millones de euros (10 de marzo de 2014). Todos estos préstamos han comprometido la estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento de Gandia, llegando incluso a peligrar la liquidez del mismo.