La sociedad civil da la espalda a Torró y la empresa pública queda exclusivamente en manos de militantes y cargos del PP

El gobierno del PP de Torró está cada vez más solo y ha perdido ya la mayoría social. Sólo así se explica que la sociedad civil le haya dado la espalda al alcalde en su oferta para entrar a formar parte del consejo de administración de la empresa pública IPG, que finalmente ha expulsado a los miembros de la oposición y se ha quedado bajo el control único y absoluto de Torró, quién podrá continuar haciendo sus negocios más oscuros desde allí y, ahora, sin ningún control ni fiscalización.

El ridículo que ha hecho el gobierno del PP en las últimas horas con todo el episodio de la empresa pública ha sido uno de los más grandes de la legislatura. Así, el pasado lunes en rueda de prensa, el portavoz del gobierno, Víctor Soler, anunciaba la expulsión de la oposición de la empresa pública y la integración en la misma de la sociedad civil mediante personalidades no vinculadas al gobierno como por ejemplo empresarios, vecinos, etcétera. Pero sólo unas horas después, en la documentación facilitada, sólo aparecía un nombre que cumplía con esta premisa, el del defensor del ciudadano, Juan Miguel Lloret. El resto del consejo lo controlaba totalmente el PP a través de cargos y militantes del partido.

Pero apenas 24 horas después, durante la última Junta General y mientras se hacía efectiva la expulsión de la oposición del consejo de administración, se anunciaba que finalmente Lloret no formaría parte de IPG. La única persona que en un primer momento había aceptado la oferta de Torró, la rechazaba finalmente, según parece, porque se sintió engañado por un gobierno que había anunciado que serían más las personas externas al PP las que se sumarían.

Pero la auténtica realidad es que toda la sociedad civil le ha dado la espalda a Torró y le ha dicho que no van a formar parte ni a ser cómplices de sus negocios más oscuros. De este modo, Torró finalmente ha conseguido su objetivo: controlará, con el absolutismo que le caracteriza, el consejo de administración de la empresa pública para hacer y deshacer sin ningún tipo de control ni fiscalización.