El pasado 26 de mayo —48 horas después de las elecciones municipales del 24M—, la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) informó al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Gandia de diversas operaciones de compraventa y opciones de compra sobre terrenos ubicados en la zona de equipamientos privados de la playa.
Según se desprende en un documento con registro de entrada del 26 de mayo de 2015, y firmado por el gerente de la empresa pública IPG, Gonzalo Morant, el pasado 22 de mayo —a dos días escasos de los comicios—, se formalizaron operaciones de compraventa sobre cinco fincas, así como opciones de compra sobre dos fincas más situadas en el Plan de Actuación Integrada (PAI) del sector de equipamientos comerciales y de ocio en la playa de Gandia, ubicado junto a la carretera Nazaret-Oliva.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Vicent Mascarell, señala que “hasta el final de la legislatura el Gobierno local del PP ha estado triturando IPG, una empresa pública en supuesta liquidación que hubiese tenido que eliminarse hace dos años. Y lo que es más grave, con una operación oscura a tan sólo 48 horas de las pasadas elecciones”.
Así, desde el Grupo Municipal Socialista denunciamos que Arturo Torró y el PP han utilizado la empresa pública para formalizar unos derechos de compra totalmente aleatorios, sin concurso ni pública concurrencia alguna. Y, todo ello, con la clara intención de beneficiar a unos determinados propietarios. “De este modo, el PP ha utilizado, una vez más, las instituciones públicas mediante intereses ocultos para tratar de captar votos”, sostiene Mascarell.
Cabe recordar que hace dos años el Ayuntamiento de Gandia ya denegó la posibilidad de que los propietarios pudiesen compensar las elevadas cuotas de urbanización de la zona de equipamientos privados de la playa, mediante la compra de terrenos. “Nuevamente nos encontramos ante una descarada perversión de la empresa pública para favorecer a unos pocos propietarios que, a diferencia de muchas familias, no se verán obligados a pagar las altas cuotas de urbanización”, destaca Mascarell.