La concejala socialista del Ayuntamiento de Gandia Liduvina Gil ha valorado de manera positiva la aprobación por parte de las Cortes Valencianas de la Ley del Juego, una de las votaciones más importantes y esperadas de los últimos 20 años, que tuvo lugar ayer. Con esta nueva nueva ley se pretende frenar la gran proliferación de casas de apuestas, así como el incremento de la segunda adicción más tratada actualmente: la ludopatía. Las casas de apuestas se han incrementado en un 800% desde los últimos 5 años en la Comunitat Valenciana y, al mismo tiempo, han contribuido a aumentar el número de personas que sufren esta grave adicción.
«Esta ley da solución a uno de los grandes problemas de las casas de apuestas, la localización geográfica donde se establecen. Estratégicamente, estas empresas se instalan muy cerca de los centros educativos con la intención de captar la atención de los más jóvenes y vulnerables, los adolescentes, ha explicado la regidora de Sanidad y Políticas Saludables, Liduvina Gil, quien ha incidido que «para un adolescente que está en un periodo de reafirmación personal y separación identitaria de sus padres, la idea que le ofrece la casa de apuestas es muy tentadora, para no depender tanto de sus progenitores. Sabemos que, cuanto más a la vista y cerca está la adición peor será para el adolescente, ya que se verá más tentado a efectuar la acción de apostar».
Desde la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), que pertenece al Departamento de Sanidad y Políticas Saludables del Ayuntamiento de Gandia, se han resaltado aspectos claves de esta ley que ya está en vigor, como la prohibición de establecer una casa de apuestas a menos de 850 metros de la población vulnerable, como son los centros educativos y aquellos incluidos al registro de personas excluidas de acceso a la apuesta; evitar la concentración de estas salas de apuestas en los barrios más humildes, que son los que más apuestan; las máquinas tragaperras tendrán que activarse con un control remoto, evitando así que los menores de edad puedan jugar y limitando su uso para el resto; todo el dinero procedente de las sanciones que se apliquen se destinarán a realizar una estrategia de prevención y tratamiento de la adicción, y se restringe la publicidad del juego, que estará prohibida en los medios de comunicación públicos y en el exterior de los locales de juego.