El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gandia, José Manuel Prieto, ha señalado hoy respecto al voto en contra del PP al decreto ley de los remanentes de los ayuntamientos (por el que las corporaciones locales ceden al Estado sus remanentes o ahorros a cambio de recibir dinero de un fondo de 5.000 millones de euros), que “Gandia ha dejado de recibir 5 millones de euros porque el PP ha preferido votar, junto con los independentistas, bloquear la solución de los remanentes, con un fondo incondicionado para los municipios que tanto se necesita en estos momentos”.
Por lo tanto, para los socialistas, el Grupo Municipal Popular y su portavoz Víctor Soler deben una explicación a la ciudad Gandia. “Tanto ellos y como todos aquellos que se han dedicado a bloquear en el Congreso de los Diputados la alternativa que tenía el Gobierno de España, que además que era la única jurídicamente viable, era una buena solución para Gandia”, ha recalcado el edil socialista.
“El PP también ha dicho que era un decreto ley ‘confiscatorio’, pero para nosotros lo que era confiscatorio era que el exministro Montoro sacara una ley donde los remanentes de los ayuntamientos estaban absolutamente bloqueados. Así, el PP consintió que no se pudiera hacer nada con el dinero de la ciudadanía, perdiendo los ayuntamientos toda la autonomía”, ha indicado.
Prieto también ha manifestado que “estamos en la peor crisis sanitaria en cien años, donde el PP ha elegido bloquear el destino de los ayuntamientos, con lo que debe una explicación a los gandienses y a los valencianos”, quien ha añadido que “debe una explicación porque Gandia, sin tener una situación como para enviar remanentes a disposición del Gobierno de España y acogernos al decreto ley, hubiera recibido del fondo incondicionado que se ha negociado en el Congreso de los Diputados un total de 5 millones de euros para inversiones directas y las necesidades de las personas, en el momento que se necesita más que nunca para la reconstrucción de la ciudad”.
Cabe destacar que el Gobierno de España ha planteado la única solución jurídicamente posible que ha encontrado la Abogacía del Estado, para saber qué hacer con el uso de los remanentes que los ayuntamientos tienen en los bancos y que, antes de destinarse para el pago a las entidades bancarias, se hubieran destinado para inversiones directas para las personas que en este momento tanto lo necesitan.