PSPV-PSOE y Bloc Compromís presentan una moción conjunta para pedir al Ayuntamiento que avance el dinero que la Generalitat le debe a ASAEM

Los portavoces de los Grupos Municipales del PSPV-PSOE y el Bloc Compromís, Vicent Mascarell y Josep Miquel Moya, han comparecido hoy en rueda de prensa para presentar una moción conjunta para el próximo pleno con la que piden al gobierno que anticipe a ASAEM el dinero que le debe la Generalitat para evitar que el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) deje de prestar sus servicios a partir del mes de enero.

Mascarell ha recordado que se trata de un problema que se arrastra desde hace meses y que en las últimas semanas ha provocado las manifestaciones semanales de los enfermos y profesionales del CRIS ante el Ayuntamiento. Unas protestas que ya motivaron una moción al pasado pleno donde se exigía a la Generalitat Valenciana que priorizara el pago de la deuda a ASAEM para garantizar el servicio y que fue aprobada por unanimidad.

Pero tres semanas después del pleno, la Generalitat, que aseguró, del mismo modo que Torró, que el pago sería inmediato, continúa sin ingresar ningún euro de la deuda. Por eso, tanto Mascarell como Moya han coincidido en señalar la propuesta de que Gandia avance dinero como “injusta pero necesaria por la importancia de la tarea que realiza el CRIS”.

Mascarell ha explicado que se espera que la moción “se apruebe por unanimidad en la línea de la que se aprobó en el último pleno”, y ha asegurado que estas decisiones de carácter social “son necesarias para evitar que 90 enfermos mentales diagnosticados de la comarca se queden sin atención”.

Para el concejal socialista, “problemas excepcionales necesitan medidas excepcionales” y ha recordado que en una anterior ocasión en que la Generalitat se retrasó en el pago, el Ayuntamiento gestionó avanzar el dinero. Además, el socialista ha explicado que el gobierno podría negociar con ASAEM pagar una parte de la deuda total que garantice que el CRIS no cierre.

Por su parte, Moya ha explicado que la medida trata de evitar que “los enfermos y sus familiares paguen injustamente y sean víctimas de un gobierno desvergonzado y de un sistema indigno”, y ha pedido a Torró “que mueva ficha y demuestre que las políticas sociales son una prioridad para él”.