Ante las polémicas declaraciones del alcalde de Gandia, Arturo Torró, afirmando que “si en España se aplicase la política de empadronamiento de Gandia, el asesino del policía nacional Francisco Javier Ortega estaría en la cárcel”, el Grupo Municipal Socialista exige una rectificación en las políticas de empadronamiento en nuestra ciudad, y que éstas se apliquen de acuerdo con la ley y la Constitución.
Los Socialistas consideramos que con estas desafortunadas declaraciones, se reafirma la xenofobia personal de Arturo Torró. “El alcalde de Gandia aprovecha un episodio desgraciado que nunca debería de haber ocurrido, para abrir un debate que ya está superado en la calle y tapar su incompetencia al frente de una ciudad que tiene más personas sufriendo y en el paro que cuando él entró a gobernar”, ha remarcado la candidata socialista a la alcaldía, Diana Morant.
“Torró continúa aplicando unas medidas anticonstitucionales que sabe que no son legales, que no ha tenido el valor de plasmar en un decreto o un documento por escrito porque sabe que esto supondría su incapacitación, cosa que demuestra su cobardía”, ha destacado Diana Morant.
“Tenemos un alcalde xenófobo que aplica medidas discriminatorias en el padrón municipal que nada tienen que ver con la seguridad, mirando el color de la piel o la procedencia de las personas que quieren empadronarse”, ha señalado Morant, quien ha comentado que en Gandia se da a estas alturas una situación kafkiana, donde podría venir un supuesto “Jack el Destripador” —un delincuente en toda regla de nacionalidad británica—, y empadronarse a nuestra ciudad sin ningún problema.
Los Socialistas nos avergonzamos del alcalde que tenemos, quien de nuevo ha sido noticia a nivel de toda España por una situación controvertida. “Una vez más estamos sufriendo un episodio esperpéntico, protagonizado por un alcalde que plasma una ciudad intolerante y radical que nada tiene a ver con los gandienses”, ha indicado Diana Morant.
Hay que recordar que el alcalde de Gandia ha ignorado las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que modificara el procedimiento que aplica a la hora de empadronar a inmigrantes de países de fuera de la Unión Europea que no tienen residencia legal en España.
La reclamación al Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges fue formulada en su momento por el Grupo Municipal Socialista, puesto que la remisión de datos personales a la Policía, sin una motivación que lo justifique, vulnera los derechos de las personas que quieren empadronarse.