El actual alcalde en funciones de Gandia, Arturo Torró, autorizó antes de las elecciones municipales mediante un simple decreto de alcaldía una nueva inyección económica desde el Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG). En esta ocasión se trata de un crédito a corto plazo de 3,5 millones de euros, que ha contado con un reparo de legalidad por parte del Interventor General del Ayuntamiento.
“El Gobierno local del PP ha seguido con su dinámica de esquilmar las arcas municipales hasta el final de la legislatura. Y, ante estas atrocidades económicas, sólo les podrán parar los pies los jueces, o un nuevo gobierno que no esté presidido por la persona que ha provocado el crack económico en Gandia. Por ello, Torró no puede ser alcalde un día más”, ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Vicent Mascarell. Cabe destacar que el Gobierno local del PP ha formalizado, por su cuenta y riesgo, este nuevo préstamo de tesorería de 3,5 millones de euros, en un ayuntamiento que tiene una deuda confirmada de 300 millones de euros.
Hay que recordar que el juez de instrucción número 2 de Gandia ya está investigando a Arturo Torró por un presunto delito de prevaricación, por anteriores operaciones similares de inyección económica desde el Ayuntamiento a la empresa pública IPG, con informes en contra del interventor. En definitiva, si se suman todas estas operaciones, ya son casi 15 millones de euros transferidos ilegalmente desde el Ayuntamiento a la empresa pública.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista pondrá en conocimiento de la justicia esta nueva operación de Arturo Torró, “firmada poco antes de las elecciones, de manera absolutista y a golpe de decreto de alcaldía, y sin el aval de los funcionarios municipales. Y es que si Torro sigue de alcalde, se continuarán cometiendo este tipo de atrocidades”, ha concluido Mascarell.