El alcalde está citado por el Juzgado número 9 de lo Contencioso Administrativo el 11 de diciembre.
El grupo municipal socialista demandó a Torró tras retirarle la dedicación parcial a uno de sus concejales por denunciar que vivía el piso del beneficiario de la compra de un solar municipal
Vicent Mascarell: “El proceso administrativo para la retirada de la dedicación parcial de Joan Lluís Soler responde a las amenazas manifestadas previamente por el alcalde para coartar la labor de fiscalización de la oposición”.
Arturo Torró se sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de diciembre, tras haber citado por el juzgado nº 9 de lo Contencioso-Admistrativo tras la demanda del grupo municipal socialista. El alcalde de Gandia será juzgado por abuso de derecho, desviación de poder y fraude de ley. Será la primera vez durante esta legislatura que se sienta en el banquillo de los acusados para explicar sus abusos.
La demanda responde a la retirada de la dedicación parcial del concejal Joan Lluís Soler a consecuencia de la denuncia formulada por el grupo municipal socialista sobre la vivienda del alcalde, propiedad del beneficiario de la compra del solar municipal donde se encuentra el McDonalds. Un piso, al mismo tiempo, decorado por la misma empresa adjudicataria de los juegos alegóricos del Prado. En la demanda se argumenta que:
Expresamente, la citada nota de prensa oficial en respuesta a las informaciones publicadas, como es fácilmente comprobable, pone de manifiesto, citando literalmente al Alcalde, afirmaciones del siguiente tenor: “Ya lo advertí que con el dinero de los gandienses no se puede mentir a la ciudadanía. Y también dije que por cada mentira que el PSOE difundiera para seguir con el cuento del engaño a los ciudadanos, habría una respuesta por parte del gobierno (…) no es de recibo que estas personas que cobran del erario público, del dinero de todos los gandienses lo utilicen para ataques personales y mentiras, lo que deja mucho que desear como grupo político y como oposición constructiva”. La consecuencia de todo ello, como explica la propia nota de prensa, es la supresión de una de las dedicaciones, en concreto, la de mi representado”.
La demanda es contra Arturo Torró como autor de las amenazas y firmante de los decretos. El concejal socialista Vicent Mascarell indica que “aunque retirar o no el sueldo a un concejal es potestad del alcalde y ratificado por el pleno”, pero que en este caso, tal y como se indica literalmente en la demanda:
Este Acuerdo Plenario impugnado obedece, pues, al anhelo del Sr. Alcalde Presidente de fustigar y amordazar a la oposición, usando sus prerrogativas como un arma de coacción política. Esta forma de proceder, que en derecho administrativo se denomina ABUSO DEL DERECHO, FRAUDE DE LEY Y DESVIACIÓN DE PODER, en un lenguaje menos ilustrado podría definirse como talante despótico y arbitrario. En definitiva, asistimos a un escenario en el que un dirigente político utiliza subrepticiamente sus atribuciones para reducir y maniatar la acción política de oposición, aun recurriendo a la más indigna de la mentira, cual es la de tratar de encubrir su espuria conducta mediante la demagogia del discurso sobre el ahorro de costes en tiempo de crisis, en el que los ciudadanos tienden a rechazar la tarea política.
El grupo municipal solicita la retirada de la medida. Al mismo tiempo, se indica que en función de lo que Torró declare en el juicio se podría proceder a presentar una demanda por el juzgado de lo penal.