El juzgado de instrucción número 3 de Gandia ha abierto diligencias por presunta prevaricación administrativa por las inyecciones de dinero desde el Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública IPG. Aportaciones económicas que, bajo la apariencia de préstamos financieros y sin contar con el preceptivo informe favorable del interventor, se han realizado hasta en 5 ocasiones a lo largo de la legislatura.
Importe: 2.000.000 de euros (Formalización: 17-07-2013)
Importe: 1.000.000 de euros (Formalización: 17-06-2013)
Importe: 1.300.000 de euros (Formalización: 01-07-2013)
Importe: 2.660.000 de euros (Formalización: 10-03-2014)
Importe: 3.500.000 euros (Hasta el 5 de mayo de 2015)
Un total de 10,4 millones de euros, que en el caso de la última operación fijaba el tipo de interés del Euribor a 12 meses publicado a fecha 1/09/2014 por el Banco de España, es decir el 0’428 por 100 fijo para todo el periodo de la operación y que el informe de intervención, en síntesis, venía a señalar entre otros aspectos que la concertación de la operación no se ajustaba a la legalidad vigente y que la misma alteraba la sostenibilidad financiera y la posición de estabilidad presupuestaria de la Corporación Municipal.
Igualmente es sorprendente que los responsables de la formalización de los créditos indicados, conscientes probablemente de la ilegalidad e irregularidad de su actuación, encargaron informes a un despacho de Valencia, del que se desconoce la relación que pudiera tener con personas vinculadas al Ayuntamiento de Gandia ni especialización ni currículo alguno, con el fin de dotar de una especie de amparo legal a lo que a todas luces era una contratación ilegal e intencionadamente irregular, efectuada a pesar de los informes y reparos que constan en la documentación. Este despacho profesional elaboró un informe en fecha 9 de septiembre de 2014 por el que no encontraba impedimento legal alguno para la realización de la operación planteada. Este dictamen no sirvió, sin embargo, para que el Secretario Municipal señalase en el momento de la firma advirtiera de la “improcedencia jurídica” del Decreto que venia a formalizarse en dicho contrato.
En resumen, la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Gandia a través de las personas mencionadas en la denuncia, pudiera resultar constitutiva de un DELITO DE PREVARICACIÓN del Artículo 404 del Código Penal, toda vez que en este tipo penal trata de protegerse el correcto ejercicio de la potestad administrativa como servicio público o la función pública que los funcionarios han de ejercitar conforme el interés general según la legalidad existente. Se trata de velar por el adecuado ejercicio de la actividad pública, por lo que en este supuesto las irregularidades de los actos descritos, y en especial la firma de varios contratos de créditos a corto plazo con reparos de legalidad, podrían enmarcarse en el tipo penal reseñado.
Los Socialistas nos personaremos en este proceso al evidenciar, en palabras del concejal Vicent Mascarell, que “la ruina económica y el despilfarro tienen un nombre y le exigiremos a la Juez que se diluciden las responsabilidades penales pertinentes”.