El Grupo Municipal Socialista ha presentado hoy una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 2 de Gandia, por las operaciones de crédito efectuadas por el Gobierno local del PP, mediante continuas transferencias desde el Ayuntamiento de Gandia a la empresa pública IPG —en proceso de liquidación— y que suman, como mínimo, 10,4 millones de euros. “Los 3,5 millones de euros que denunciamos los socialistas la semana pasada se han convertido ahora en 10,4 millones de euros”, destaca el portavoz socialista, Vicent Mascarell. De este modo, estos hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Hay que recordar que el alcalde de Gandia, Arturo Torró, y el gerente de la empresa pública, Gonzalo Morant, formalizaron el pasado 9 de septiembre un contrato de crédito a corto plazo por valor de 3,5 millones de euros con informes negativos y con reparos de legalidad del interventor municipal y el tesorero, con la advertencia previa, expresa y reiterada de dichos reparos por parte del secretario general del Ayuntamiento. “No obstante el alcalde Torró firmó dicho contrato, dictó decreto y el concejal de Hacienda, Guillermo Barber, resolvió en dicho sentido”, sostiene Mascarell.
Además, estamos ante una práctica reiterada y continuada en anteriores ocasiones, al tener conocimiento que se han firmado un mínimo de cuatro operaciones de tesorería más con la empresa pública IPG por importe 2 millones de euros (17-07-2013), 1 millón de euros (17-06-2013), 1,3 millones de euros (01-07-2013) y 2,6 millones de euros (10-03-2014). “Todos estos préstamos han comprometido la estabilidad económica y financiera del Ayuntamiento, llegando incluso a peligrar la liquidez del mismo”, indica Mascarell.
Por todo ello, las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno local del PP, podrían resultar constitutivas de un delito de prevaricación —por las irregularidades en la firma de varios contratos de crédito con reparos de legalidad— y un delito de malversación —por el perjuicio económico que se ha producido al Ayuntamiento de Gandia—.
“Existen ya casos similares muy parecidos a los que se denuncian en los que en supuestos de contratación irregular como el que nos ocupa se han trasladado a la jurisdicción penal”, señala Mascarell.
Por último, sorprende que el Gobierno del PP, consciente de la ilegalidad e irregularidad de su actuación, encargó informes a un despacho de profesional de Valencia, para lograr una especie de amparo legal a lo que a todas luces era una contratación ilegal e intencionadamente irregular.