Una empresa privada lleva tres meses lucrándose en la piscina del Grau sin ser la adjudicataria

Nuevo escándalo en las adjudicaciones públicas que el PP de Torró está llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Gandia. La concejala socialista Liduvina Gil ha denunciado que, a fecha de hoy, una empresa privada lleva tres meses lucrándose en una instalación pública como es la piscina del Grau sin ser la adjudicataria de la misma y después de que el gobierno anunciara, hace un mes, que la empresa pública volvería a gestionar el servicio.

Liduvina Gil ha explicado a los medios de comunicación la cronología de una situación irregular que ha estado silenciando el gobierno del PP desde hace unos meses. Y es que si la legislatura empezaba con varias ruedas de prensa criticando la anterior gestión y anunciando novedades para mejorarla, el silencio impera alrededor de la piscina del Grau desde la resolución del contrato con la anterior empresa, Duet Sports.

La edil socialista ha explicado que después de aquella resolución del contrato (un 28 de mayo de 2012), el consistorio abrió un concurso público que quedó desierto el pasado 21 de marzo. Por el camino, el consistorio se había hecho cargo de la subrogación de la hipoteca que pesa sobre el edificio y que sube a 3.129.04 euros, cifra que tendría que asumir la próxima empresa adjudicataria, por lo cual se pedía a las mercantiles interesadas presentar un aval de 200.000 euros.

Después de quedar desierto el concurso, el consistorio inicia el pasado 31 de mayo de 2013 un procedimiento negociado en el que se invita a nueve mercantiles. De las nueve, al final sólo quedan dos, Assersafor y la empresa de Max Wellness Spa. A pesar de que la primera sí que presentó el aval necesario, se consideró que no reunía los requisitos y se adjudicó el servicio a la segunda mercantil, que no había presentado todavía el aval.

Después de haber recibido la adjudicación de manera provisional el pasado 10 de junio, el día 28 del mismo mes el consistorio le requiere a la mercantil la presentación del aval para poder formalizar la adjudicación. Y a pesar de no aportar esta documentación, la empresa empieza a explotar la piscina del Grau el pasado 1 de julio.

El 3 de septiembre, una entidad bancaria rechaza el aval de la empresa y, por lo tanto, esta no puede ser formalizada como la adjudicataria de las instalaciones. Y es entonces cuando Gil ya denunció “que una mercantil privada había estado dos meses explotando estas instalaciones de manera irregular”. Pero hoy en día, un mes después, y a pesar de que en aquel momento el consistorio confirmó las informaciones y anunció que sería la empresa pública quien gestionaría el espacio, sigue siendo Max Wellness Spa quien explota las instalaciones deportivas de manera totalmente ilegal.

Por eso, tal y cómo ha explicado Gil, los socialistas piden la convocatoria de la comisión de Deportes del Ayuntamiento de Gandia para que el gobierno dé explicaciones sobre esta situación. Además, los socialistas piden saber “por qué la empresa ha estado cobrando unos precios públicos a los usuarios que no han sido aprobados en ninguna comisión ni en ningún pleno” y para saber también quién está haciendo frente a los gastos de luz, agua y mantenimiento del espacio, porque, según Liduvina Gil, “es el consistorio quien está pagándolo”.

La edil socialista también ha denunciado posibles irregularidades en las cuentas, que ha pedido comprobar en esta comisión “porque las cifras no nos cuadran”. Y es que los socialistas explican que si en julio se cobró una cuota de 20 euros a 900 usuarios y en agosto, 30 euros a 1.500 usuarios, a fecha de hoy las instalaciones están llenas y la empresa sólo declara el cobro de cuotas de 30 euros a 300 usuarios. Gil pide saber quién está fiscalizando estas cuentas para saber si la empresa “está ganando más dinero de los que debería”.

Por último, Gil pide la comparecencia de los miembros del gobierno para aclarar los rumores que dicen que la empresa que actualmente explota las instalaciones asegura tener un acuerdo verbal del gobierno para continuar haciéndolo durante 5 años. Un acuerdo que, tal y como ha remarcado Gil, “no tiene ningún valor y demuestra que todo lo que está pasando en la piscina del Grau es muy grave”.