Los socialistas acudieron a un procedimiento en defensa de los derechos municipales para poder acceder a las cantidades económicas y los conceptos por los que sospechábamos que el abogado particular de Arturo Torró, Francisco Moya, facturaba a la empresa pública. Una facturación sin ningún tipo de justificación al disponer el alcalde de un servicio jurídico municipal, para más inri, de su estricta confianza. La factura es la número 2013/1 de 3.200 euros cuyo pago se efectuó mediante transferencia de la Caixa el 28 de marzo de 2013.
Francisco Moya es desde hace años el abogado privado del señor Torró y sus empresas. Fue el encargado de ejercer la representación del alcalde de Gandia en el concurso de acreedores personal del alcalde y su procedimiento contra Bankia. También ha ejercido de acusación del propio Arturo Torró contra José Manuel Orengo por delitos de injurias y calumnias que finalmente fueron archivados.
Aunque, gracias a este procedimiento hemos conocido las minutas del letrado particular de Torró pagadas por todos los ciudadanos, aunque no hemos podido acceder a la totalidad del trabajo y los informes que, teóricamente, este señor realizó a cuenta de la empresa pública. Para Vicent Mascarell, “la confusión entre lo público y lo privado, tan habitual en el gobierno Partido Popular, no es ético y beneficioso para la ciudadanía”.