El gobierno del PP, acusado de amañar el concurso del suministro del agua

El portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Gandia, José Manuel Orengo, ha advertido hoy de “la gravedad” de la demanda que acusa al Gobierno del PP de Gandia “de amañar el procedimiento de adjudicación del suministro de agua potable y la gestión del alcantarillado”. A raíz de la demanda, un juzgado ha paralizado el concurso de forma “cautelarísima”, es decir, antes de decidir si el demandante tiene razón.

Orengo, que ha explicado que es la primera vez que un juez suspende un proceso de forma cautelarísima en el Ayuntamiento de Gandia, ha exigido ante la gravedad de esta situación una reunión urgente de la junta de portavoces del Ayuntamiento en la que participen también los técnicos municipales para conocer “los criterios que se han seguido en la redacción del concurso, qué ha primado, quién lo ha redactado y en qué condiciones”.

José Manuel Orengo y Vicent Mascarell
José Manuel Orengo y Vicent Mascarell

Orengo ha exigido saber “porqué el Ayuntamiento de Gandia tiene que ser noticia po rla paralización de un concurso presuntamente amañado” y ha indicado que los sociaistas no tienen ninguna información sobre este procedimiento, “a pesar de tratarse de una adjudicación de cientos de millones de euros y para 50 años”, ya que el PP ha llevado todo el proceso “de manera oscura, sin ningún tipo de transparencia”.

Asimismo, ha asegurado que la denuncia no se debe a una disputa entre dos empresas, si no que la compañía está acusando al Gobierno popular “de hacer un concurso a medida de una empresa de manera escandalosa”. Con esta denuncia, la compañía  asegura que el procedimiento para presentar ofertas “no se ha hecho en beneficio de la ciudadanía, sino en beneficio de una sola empresa”.

El socialista ha explicado que la demanda se basa en que la empresa a la que se le adjudique el suministro del agua tendrá que pagar  cerca de 90 millones a la anterior adjudicataria y en que esa condición no respeta el principio de concurrencia. En este sentido, Orengo ha aclarado que Torró, “de manera irresponsable se comprometió a pagar más de 90 millones de euros a la empresa cuando anuló su concesión”.

El Gobierno del PP ha incluido en el concurso que la empresa adjudicataria sea quien pague esa cantidad, por eso ahora el Ayuntamiento de Gandia “no tiene más remedio que aceptar cualquier oferta que le llegue al precio que sea para poder cumplir una decisión descerebrada de Torró”. Orengo ha advertido que si juez declara finalmente el procedimiento nulo “no sabemos quién pagará los cerca de 90 millones a la anterior adjudicataria, porque el Ayuntamiento de gandia a día de hoy no puede hacerse cargo del pago de una cantidad tan elevada”.