El juzgado admite el recurso para conocer el número de enchufados de la empresa pública IPG

La nueva ofensiva política y judicial de los socialistas para conocer cuántas personas trabajan en la empresa  municipal Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), qué cobran y cómo han accedido a dichas plazas públicas empieza a dar sus frutos con la admisión a trámite por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 10 de Valencia del recurso planteado por el concejal socialista Vicent Mascarell.

El portavoz socialista, Vicent Mascarell, ha valorado como “un pequeño triunfo el hecho que de nuevo la justicia determine que hay indicios que se están cometiendo, con una actitud ilegal al impedir el acceso a la información pública. Además, determina que tenemos derecho a saber  cuántas personas trabajan en la empresa  pública Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), qué cobran y cómo han accedido a dichas plazas públicas”.

El recurso presentado por edil socialista Vicent Mascarell  por atentar contra un derecho constitucional, como es el acceso a la información de los cargos públicos, se presenta tras sus reiterados intentos por conocer en qué se gasta el dinero el alcalde de Gandia, Arturo Torró, y cómo gestiona la empresa pública IPG su gerente, Gonzalo Morant.

El actual gobierno del PP ya ha sido condenado por la justicia por mantener una actitud similar respecto a las facturas y gastos generados a lo largo de 2011 y, en breve, se dictará sentencia por los hechos acaecidos respecto a los documentos contables de IPG en el ejercicio 2012.