Los socialistas denuncian que los mayores que no usan L’Urbà también tienen que pagar 35 euros por la Tarjeta Dorada

La concejala del PSPV-PSOE, Liduvina Gil, ha denunciado hoy que las personas mayores de Gandia que no usan el servicio de autobús público de L’Urbà también están obligadas a pagar 35 euros por tenerla Tarjeta Dorada, pese a que ese dinero se destina a sufragar los costes del servicio de transporte.

Gil ha explicado que el gobierno del PP empezó este año a cobrar a las personas mayores 35 euros por la TarjetaDoradapara hacer frente a una parte de los gastos de L’Urbà, una decisión que los socialistas rechazaron desde el principio, por tratarse de un “ataque brutal a un servicio público”.

Pero además, los socialistas han conocido la situación de un gran número de personas mayores que se han visto obligadas a pagar esos 35 euros a pesar de que no son usuarios de L’Urbà, porque solo de esa manera pueden conseguirla TarjetaDorada, con la que también pueden disfrutar de los servicios de los centros de convivencia para mayores de Gandia.

Por todo esto, Gil ha lamentado “la insensibilidad del gobierno del PP con las personas mayores, uno de los colectivos más afectados por la crisis” y ha denunciado el “fallo importantísimo” del departamento del Bienestar Social por no haber tenido en cuenta a las personas que están pagando por un servicio que no utilizan.

Todo esto se suma a la retirada de las ayudas que incluíala TarjetaDoradapara el pago de los medicamentos, uno de los primeros recortes que hizo el PP de Gandia, a la congelación de las pensiones, al copago farmacéutico y a la subida de los impuestos aprobada por el gobierno popular, la mayor de la historia de la ciudad.

Gil ha recordado la visita a Gandia del presidente dela Generalitat, Alberto Fabra, el pasado 24 de diciembre, en la que dijo que en estos tiempos la gente mayor necesita sentir el cariño de la administración.

Según la concejala socialista, “ese cariño no se siente por parte del PP de Gandia”, que desde que entró en el gobierno de la ciudad ha eliminado las ayudas a la compra de medicamentos y ha obligado a las personas mayores a pagar por el servicio de transporte público de L’Urbà.