Los socialistas en el Ayuntamiento de Gandia han exigido hoy al Gobierno del PP de Torró que deje de hacer “negocios ilícitos con el dinero de los ciudadanos de Gandia”, después de que un juzgado haya decidido mantener la suspensión del expediente de contratación del servicio público de distribución de agua potable de Gandia por apreciar indicios de connivencia entre el Gobierno local y una empresa.
El concejal socialista Vicent Mascarell ha señalado que el auto de la juez supone “un duro golpe a la credibilidad del Gobierno del PP”, puesto que justifica su decisión de paralizar el proceso en indicios de “desvío de poder, de burlar dificultades técnicas de una revisión contractual, de simular la concurrencia competitiva o de impedir la concurrencia de otros licitadores”, según indica textualmente la sentencia.
El auto de la juez, ha afirmado, “es demoledor” y demuestra que el proceso de adjudicación del suministro de agua potable “ha sido un proceso oscuro desde el principio, que se ha llevado a cabo al margen de la oposición y de los ciudadanos”.
“La Justicia les ha pillado y vamos a pararles los pies”, ha asegurado Mascarell, que ha explicado que la juez “ha paralizado el proceso porque ha visto connivencia entre el Gobierno del PP y una empresa, ha visto negociaciones ilícitas, reuniones prohibidas y desviación de poder”.
Además, la sentencia muestra que el proceso ha estado “repleto de errores desde el principio” y que reconocerle 90 millones de euros a la actual empresa adjudicataria “no fue solo una temeridad y una decisión antieconómica, sino también antijurídica”. A este respecto, Mascarell ha lamentado que una de las consecuencias más negativas de este oscuro proceso de adjudicación será “que el error lo pagarán los bolsillos de los ciudadanos a través del recibo del agua”.
Además, ha indicado que la noticia “da que pensar en estos tiempos en que la corrupción está latente y ahora que las empresas de Torró están pasando dificultades” y ha advertido de “las similitudes con el caso Citroen, que ahora investiga la Fiscalía” y en el que también se aprecian indicios de que el gobierno del PP ha evitado la libre concurrencia para beneficiar a un tercero.
Por todo ello, los socialistas han pedido en primer lugar al Gobierno del PP “que pare de hacer negocios ilícitos y fraudulentos”, y en segundo lugar que se convoque de forma urgente una junta de portavoces o una comisión en la que se entregue “toda la información sobre este oscuro proceso y donde el PP dé explicaciones” y que esa información “esté también al alcance de todos los ciudadanos de Gandia”, que son los máximos afectados por las decisiones del Gobierno local. Mascarell ha asegurado que los socialistas “no descartan ningún tipo de acción para defender los intereses de los ciudadanos de Gandia” y que sacarán “el coraje necesario” para denunciar las presuntas irregularidades del Gobierno del PP.
Por último, y en respuesta a Guillermo Barber, Mascarell ha explicado que el dinero de Gandia en la etapa de gobierno socialista “se gastó en las escoletes que el PP ha privatizado, en L’Urbà que han convertido en un desastre, en un sistema de bicicletas que los populares han cerrado, en convenios que ahora se han visto reducidos, en una televisión pública y un teatro cuyas puertas han cerrado, en una Universitat Popular Infantil que han descartado y en otros muchos proyectos que Gandia no podrá tener debido al odio visceral del PP hacia el anterior Gobierno”.
Video de la rueda de prensa de Vicent Mascarell: