La irresponsabilidad del gobierno del PP de Torró en el tema del despido ilegal de las educadoras de les Escoletes sigue adelante. Utilizando de nuevo la estrategia de “patadón y arriba” y con la intención de alargar al máximo la aceptación de una sentencia que demuestra la pésima gestión del PP, el ejecutivo de Gandia ha anunciado que recorrerá la sentencia favorable a las 12 educadoras de las Escoletes que, según dos sentencias, deben ser readmitidas y se les deben pagar los meses que han sido despedidas.
Una decisión que hoy ha valorado la edil del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Gandia, Liduvina Gil, quien ha asegurado que “la irresponsabilidad del gobierno del PP de Torró va a hacer que cada mes que no acepten la sentencia que les condena nos cueste a todos los gandienses 50.000 euros”, una cantidad que habrá que sumar a la de 800.000 euros que ya debe el consistorio a estas 12 educadoras.
Teniendo en cuenta lo que pueda tardar la justicia en volver a dictar sentencia, y teniendo en cuenta también que hay otras educadoras en procedimientos judiciales abiertos y sentencias favorables, la pésima gestión del PP en la privatización de la red de Escoletes de Gandia le va a costar a los gandienses más de un millón de euros (cerca de los dos millones si el asunto se alarga un año más, tal y como podría pasar, ha explicado Gil).
La concejala socialista ha asegurado que este recurso a una sentencia que ya tiene dos precedentes contrarios es “alargar el sufrimiento de las educadoras y de sus familias y aumentar el agujero económico que el PP está dejando en el Ayuntamiento”, porque ahora les Escoletes serán más caras que antes.