El concejal socialista Vicent Mascarell ha comparecido hoy en rueda de prensa para valorar la información aparecida en un medio de comunicación y la rueda de prensa que el Partido Popular ha hecho esta misma mañana valorando dicha noticia. «Estamos ante una fake news de libro, con un titular tendencioso que el único que pretende es atacar una ministra del Gobierno de España», ha afirmado el edil.
Mascarell ha aclarado que no hay ninguna sentencia condenatoria que obligue el Ayuntamiento de Gandia ni a la exalcaldesa a pagar ningún euro a la empresa concesionaria del edificio de viviendas de protección oficial de la calle Perú. «Es una pena que el PP y Víctor Soler se hagan eco de una mentira y se posicionen junto a una empresa incumplidora». El edil socialista ha añadido que «estamos ante una empresa que desde el minuto cero incumplió el contrato que tenía sobre el edificio de la calle Perú. No pagó el canon, de forma que no tiene ningún derecho adquirido sobre el contrato».
El concejal también ha recordado que los problemas de ocupación y seguridad en el entorno de este inmueble no son nuevos y que cuando Diana Morant fue nombrada alcaldesa, en este edificio ya había viviendas ocupadas. «Solo hay que recordar las fotos de Torró y Soler tapiando viviendas durante la legislatura que fueron gobierno».
Durante la intervención, el edil ha afirmado que quince días después de tomar posesión como alcaldesa, Morant y otros miembros del Gobierno local acudieron al desahucio, precisamente para dar una alternativa habitacional y una salida digna a una madre y su hijo, que se quedaban sin vivienda, y cumplir así con el mandato judicial. «En pocos días se cumplió esta sentencia y se le asignó una nueva vivienda a esta familia después del correspondiente informe de los Servicios Sociales».
Por otro lado, Mascarell ha destacado que actualmente el edificio ya es propiedad municipal y lo que se está discutiendo, en un nuevo proceso judicial, es la cuantía de la liquidación de la concesión. «Lo único que hay son diferencias sobre los costes de la liquidación, dado que el cálculo de los técnicos municipales es de alrededor de 3 millones de euros y el de la empresa es sobre 18 millones de euros”.
Por lo tanto, no hay ninguna condena millonaria, lo que hay es una pretensión de un empresario que quiere una cuantía superior a la que le corresponde a cargo de las arcas públicas y está en uso de todas las herramientas posibles para tratar de conseguirlo, incluido la difusión incorrecta de una noticia a un medio de comunicación.
En cuanto a la información sobre este conflicto, Mascarell ha recordado que es un asunto que se ha tratado en numerosas Juntas de Distrito del barrio de Corea y que de las 79 viviendas ocupadas, a estas alturas solos quedan 13 y en todos los casos se han activado los mecanismos para su rápida solución.