El Consejo de Administración de IPG anuncia acciones legales contra los anteriores gestores de la empresa

Gandia 1 de diciembre 2015.- El Consejo de Administración de IPG se reunió ayer para iniciar el proceso de liquidación de la empresa pública. Además de formular las cuentas de 2014, los consejeros acordaron iniciar un proceso de acción social de responsabilidad ante los anteriores miembros del consejo de Administración de la mercantil pública que son Arturo Torró, Javier Reig, Víctor Soler, Guillermo Barber y Lola Moncho por una posible causa de administración desleal. Así mismo, también se ha acordado estudiar la puesta en marcha de acciones judiciales ante determinadas operaciones y contratos que puedan resultar constitutivos de delito.

Y es que la empresa IPG, Iniciativas Públicas de Gandia, acumuló una deuda
de más de 38 millones y medio de euros en el año 2014, fruto de la gestión del anterior
gobierno popular. Así se evidenció en la reunión del Consejo de Administración de IPG que tuvo lugar ayer por la tarde, día 30 de noviembre.

El Consejo de Administración tuvo que tomar varias medidas muy importantes, tanto para el ámbito municipal como para terceros que se puedan ver afectados, para resolver la situación de la empresa pública. Así acordaron aprobar las cuentas del 2014, con la deuda detectada de más de 38’5 millones de euros, e instar a que en 60 días la Junta General apruebo la liquidación total de esta mercantil. Las decisiones fueron aprobadas con los votos a favor de los Consejeros Delegados del Partido Socialista, Más #Gandia y Ciudadanos, y con el voto en contra del Partido Popular.

Vicent Mascarell, presidente del Consejo de Administración de IPG, ha asegurado que “nos hemos encontrado una mercantil pública, IPG, que era una máquina de despilfarro, una cueva de enchufados, un instrumento fuera del control municipal y de la fiscalización pública. La realidad supera la ficción. Al 2014 las pérdidas han sido de más de 38 millones de euros y al 2015 ya tenemos contabilizados borde 10 millones. Podemos afirmar que en las manos del PP y de Arturo Torró la mercantil, IPG, perdía cada mes 1 millón de euros cada mes, una absoluta barbaridad”.

Por su parte Emili Morant, consejero delegado de IPG, ha hecho una radiografía de la empresa que se han encontrado después de la gestión del Partido Popular asegurando que “hemos hecho un proceso de desmaquillaje y desmontaje de la empresa. IPG ha perdido más de 38’5 millones de euros, la mitad corresponden a la devaluación de sus activos immobiliarios. Hemos valorado de nuevo estos activos, el esqueleto de la empresa IPG, y nos sale una pérdida de 19 millones y medio de euros. El resto de las pérdidas, otros 19 millones de euros, se deben de a una gestión llena de sospechas e irregularidades”.

Emili Morant ha relatado como funcionaba la empresa IPG diciendo que “actuaban fuera de control y fuera de la burocracia del Ayuntamiento. IPG era como un sótano del Ayuntamiento, la cara B, donde cuando enviaban el dinero los técnicos municipales ya los perdían de vista y no se podían aplicar las medidas de control, esto permitía cometer ciertas irregularidades que nos hemos encontrado. Era como un Ayuntamiento paralelo”.

En este sentido, Vicent Mascarell, ha añadido que “se actuaba con mucha arbitrariedad a la hora de pagar los proveedores, por eso se ha acumulado una deuda comercial de 14 millones y medio de euros. Gastaban y no pagaban, era lo que hacían”.

Con todos estos datos encima la mesa el nuevo Consejo de Administración de IPG
acordó 5 puntos concretos:

En primer lugar formular las cuentas del 2014 a pesar de que han manifestado que se han encontrado las cifras sesgadas y fragmentadas y por lo tanto no pueden garantizar que las cifras reflejan la realidad.

Segundo, poner los 38 millones de euros de pérdidas a los resultados negativos de ejercicios anteriores.

Tercero, convocar la Junta General para que apruebe las cuentas y comienze el proceso de disolución de la empresa pública. Esto comportará el nombramiento del liquidadores que tendrán que decidir qué hacer con el patrimonio inmobiliario de la empresa, si hace falta o no vender las propiedades para poder pagar las deudas y los créditos. También esta Junta General tendrá que comenzar un proceso de acción social de responsabilidad frente a los anteriores miembros de administración de IPG que son Arturo Torró, Javier Reig, Víctor Soler, Guillermo Barber y Dolores Moncho.

El cuarto punto acordado, hace referencia a la posibilidad de emprender acciones judiciales frente a las operaciones contractuales de IPG que pudieran resultar constitutivas de delito.

Por último, en quinto lugar, se otorga al Presidente del Consejo de Administración las facultades necesarias por la ejecución de todos los acuerdos aceptados.

Antes de acabar, se ha querido agradecer el trabajo hecho por economistas, abogados, auditores y actuales trabajadores de IPG que han contribuido y colaborado a la hora de aclarar las cuentas de la empresa pública. También ha denunciado las amenazas, persecuciones y mentiras que han sufrido quienes se atrevieron a denunciar la gestión de los últimos 4 años en IPG.