El gobierno del PP se gastó en cuatro años al menos 1,2 millones de euros contratando abogados para generar ‘pufos’

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Manuel Prieto, ha salido al paso de la falsa polémica que el portavoz adjunto del PP ha intentado crear durante esta semana en cuanto a la contratación de servicios jurídicos externos, donde llegó a afirmar que el actual Gobierno local ha contratado 45.000 euros en abogados “a dedo”, cuando conoce perfectamente que este tipo de contrataciones pasan una fiscalización por parte de los órganos pertinentes y funcionarios habilitados estatales.

“Lo primero que tendría que hacer el PP es callarse y no dar lecciones en materia de contrataciones de abogados, puesto que durante los cuatro años de la pasada legislatura la suma por este concepto ascendió a un total de 1.251.271 euros. De esta cantidad económica, 598.433 euros se dilapidaron desde la empresa pública IPG, —escapando de esta manera al control de los funcionarios y habilidades nacionales— y 652.838 euros salieron de las arcas municipales”, ha destacado Prieto.

Pero el concejal socialista ha apuntado que podría haber más. “Hemos puesto el contador en la cifra de 1,2 millones de euros por prevención, puesto que no conocemos toda la realidad, por casos como el borrado de datos en ordenadores ‘desaparecidos’ en la empresa pública IPG”, ha mantenido Prieto.

“El PP tendría que explicar donde y con qué finalidad se pagaron tan elevadas minutas en abogados, para perseguir a integrantes del gobierno del excalde Orengo. Tan sólo un informe llegó a costar casi 30.000 euros. Se trata de una persecución política que le está saliendo muy cara a todos los gandienses”, ha señalado Prieto, que ha destacado que el actual ejecutivo ha llegado a acuerdos porque las minutas en abogados no fueran tan elevadas.

Así, la diferencia que hay entre ambos gobiernos, según Prieto, es que “el gobierno del PP pagaba abogados para generar ‘pufos’ y el actual ejecutivo para solucionarlos”.

Prieto también le ha pedido al PP que empiece a asumir su responsabilidad, ya que “será responsable de los informes judiciales que contrató y de los que, a estas alturas, todavía están pendientes de esclarecerse”.

Cabe destacar que algunas de estas contrataciones se llevaron a cabo, además de por una persecución política —provocando una causa judicial como el Innova que llegó a ser archivada hasta cuatro ocasiones—, también para pagar informes que justificaron determinadas acciones como las transferencias de crédito a IPG porque eran conscientes de la negativa de los funcionarios y habilitados nacionales.