Exigimos transparencia en los excesos en la gestión de la asesora de Torró, Cristina Serrano

Ante las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación sobre los excesos cometidos por Cristina Serrano como alto cargo de la Generalitat Valenciana (fue subsecretaria con los exconsellers Juan Cotino y Rafael Blasco, y ahora es asesora del alcalde de Gandia, Arturo Torró), desde el Grupo Municipal Socialista pedimos explicaciones sobre su gestión al frente la empresa pública IPG.

Según publicaba ayer el diario El Mundo, la asesora de Torró cargó más de 10.000 euros a la Conselleria de Urbanismo por la reforma y decoración de su despacho y salas anexas, con materiales que ahora no aparecen. Como dato anecdótico, casualmente la primera decisión que tomó Cristina Serrano al llegar al Ayuntamiento de Gandia fue la reforma de su despacho en la planta noble de la Casa Consistorial.

Otros gastos peculiares que ha cargado a la Generalitat Valenciana la asesora de Torró es la estancia en un hotel de cinco estrellas la noche de Año Nuevo de 2010. También abonó a las arcas públicas facturas para “el arreglo y mantenimiento de un árbol bonsái del despacho de la subsecretaria”, entre otros conceptos, según publica el diario Levante-EMV.

Así, desde el Grupo Municipal Socialista sospechamos que la asesora de Torró ha cometido excesos en la gestión de la empresa pública. Y es que Cristina Serrano dirige en la sombra la empresa pública de Gandia, donde el Gobierno del PP ha gestionado más de 50 millones de euros sin ningún control, ni fiscalización.

 

 

 

“La desaparición de facturas y el robo de ordenadores mientras la asesora de Torró ha dirigido la empresa pública IPG nos hacen sospechar que ha sido una estrategia para evitar el control del gasto por parte de la oposición”, señala el portavoz socialista, Vicent Mascarell.

Cabe destacar que Cristina Serrano ha avalado con sus informes diversos procesos de contratación en la empresa pública que, al final, han sido un fiasco. Así, hay que recordar el fracasado intento de gestión de la Piscina del Grau, gestionada por el empresario Ángel Tormo, quien mantiene claras vinculaciones con la asesora de Torró.

Tampoco hay que olvidar el fracasado proyecto de los aparcamientos públicos, o los procesos de construcción, concesión y explotación de los chiringuitos de la playa y el mercado municipal del Prado.

Un capítulo aparte merece el proceso del proyecto de los polémicos juegos infantiles de la plaza del Prado, que se adjudicaron por un montante de 240.000 euros a la empresaria Ana Pastor, con la que la Cristina Serrano comparte negocios y amistad. En definitiva, se trata de unos contratos que se han caracterizado por su opacidad, exceso de gasto y falta de control.

“Por todo ello, desde el Grupo Municipal Socialista le solicitamos al Gobierno del PP el acceso a la información en todos los expedientes en los que ha participado Cristina Serrano porque, una vez más, no nos fiamos de la gestión de Arturo Torró en la empresa pública”, concluye Mascarell.