Tras más de tres años acumulando 119 peticiones de información denegadas por parte del Gobierno local del PP, dos sentencias condenatorias por infringir los derechos fundamentales de los concejales de la oposición —por no facilitar las facturas de la empresa pública IPG del ejercicio 2011 y no aportar la relación de trabajadores de esta empresa pública— y ocho procesos judiciales abiertos, el Grupo Municipal Socialista ha decidido acudir hoy ante la Fiscalía.
“Se trata de una decisión difícil, pero no nos han dejado otra salida”, ha indicado el portavoz socialista, Vicent Mascarell. Así, pese al tiempo transcurrido aún no se ha puesto a disposición de los Socialistas toda esta información, lo que evidencia que “la única finalidad perseguida por el PP con esta demora no es otra que la de entorpecer, obstaculizar e impedir, por agotamiento, la labor de los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Gandia”.
Cabe destacar que actualmente sólo existen antecedentes de denuncias similares en el País Vasco y Andalucía —con casos de menor trascendencia que todavía se están investigando—, con lo que el Ayuntamiento de Gandia sería, lamentablemente, el primero de la Comunitat Valenciana que se enfrentaría a un proceso judicial por la vía penal, por denegar el acceso a la información de los concejales de la oposición.
“Paradójicamente, el Gobierno local del PP, que se vanagloria de ser el más transparente de todos, es el primero que se enfrenta a una denuncia penal por denegar información a los Socialistas, y el que deniega sistemáticamente todas y cada una de las peticiones de información que hemos formalizado en estos tres años y medio de legislatura”, ha señalado Mascarell.
La denuncia se formaliza ante el fiscal provincial contra el propio alcalde de Gandia, Arturo Torró, y el portavoz del Gobierno local, Víctor Soler —que ha firmado la mayoría de denegaciones de información—. Esta denuncia se formula por un presunto delito contra los derechos cívicos —artículo 542 del Código Penal— y delito de desobediencia grave —artículo 410.1 del Código Penal—.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha apuntado que “pese a las dos sentencias condenatorias que se acumulan por infringir derechos fundamentales, la manera de actuar del PP no ha cambiado. Esperamos que con esta acción judicial, con la que se abre un camino que no hubiésemos deseado iniciar, se corrija la actitud del Gobierno del PP”.