La empresa pública IPG se ha saltado la ley al no formular las cuentas de 2014 durante el primer trimestre de 2015 como obliga la Ley de Sociedades de Capital en su apartado 253 que adjuntamos. Se trata de una nueva información que certifica la insostenible situación de la empresa, cuyas cuentas bancarias –diga lo que diga el gobierno, que lo desmiente, pero no lo demuestra- siguen embargadas por el impago a Bankia. Cabe recordar que ya en su informe de 2013 el Síndic de Greuges denunció que tampoco se habían formulado las cuentas.
A la dramática situación de la empresa municipal se suma la silenciosa dimisión de su consejero delegado, Javier Reig, quien, sabedor de las consecuencias legales de tan nefasta gestión, dejó su puesto para que lo asumiera el propio alcalde Arturo Torró, quien maneja la empresa a su antojo y oculta a los propios concejales populares la deuda, que estimamos de entre 8 y 9 millones de euros. A pesar de ello, tenemos constancia que, en las últimas semanas, se realizan de 2 a 3 contrataciones diarias lo que elevaría el número de enchufados de IPG a unos 200, entre los contratados directamente y los que llegan a través de proveedores. Unos trabajadores de los que desconocemos sus tareas y funciones a un mes de las elecciones muncipales.
Por todo ello, el concejal Vicent Mascarell ha pedido explicaciones al gobierno del PP: “¿Por qué no han formulado las cuentas a tiempo? Si no es por falta de personal ni de mayoría política, que les sobra, debe de ser porqué la insostenible situación económica de la empresa pública lo imposibilita”.
Al mismo tiempo, el concejal socialista solicita amparo al Defensor del Ciutadà, quien como miembro del Consejo de Administración debe de ser conocedor de la situación. “Su silencio no tiene justificación, por lo que le rogamos que hable para no ser cómplice del saqueo de las arcas públicas que está teniendo lugar en IPG», ha señalado Mascarell.