La justicia vuelve a dar la espalda a Torró y obliga el Ayuntamiento a dar acceso a las facturas durante una semana.
El auto del juzgado del Contencioso-Administrativo número 8 acuerda otorgar un nuevo plazo independientemente de los facilitados con anterioridad.
Vicent Mascarell: “La actitud dictatorial y antidemocrática del gobierno municipal nos obliga a acudir de nuevo a la justicia para poder ejercer como oposición”
Un nuevo auto judicial obliga el Ayuntamiento ha facilitar las facturas de la empresa pública a la oposición. El auto decretado que será el propio enjuiciado número 8 del contencioso-administrativo el que controlará y garantizará que el gobierno permita, durante una semana, que los regidores de la oposición puedan ver las facturas de IPG del año 2011.
Con este auto se acredita que Torró mentía al afirmar que la sentencia estaba cumplida porque la oposición ya había accedido a las facturas. De las horas, se acredita que la hora concedida para ver miles de facturas fue una estrategia para evitar una sentencia condenatoria que no ha dado resultado. El gobierno del PP ha sido lo primero la historia condenado para infringir un derecho fundamental, el artículo 23 de la Constitución Española que habla del derecho a la participación pública en igualdad de condiciones.
La denuncia, presentada por Vicent Mascarell, señala que: “Con independencia de cualquier actuación anterior a la presento resolución, que se hubiere ejecutado para dar cumplimiento a la sentencia recaída en las presentas actuaciones, se acuerda otorgar un nuevo plazo al recurrente para que pueda examinar la documentación a que aquélla se refiere”. Y fija en su punto tercero que el examen de la documentación “se realizará miedo tiempo de una semana, de lunes a viernes, sin que entre talas días exista ningún festivo, y en horario desde 9 a 14 horas”.
Para garantizar el cumplimiento del autor, “La Corporación local deberán informar al Juzgado de su disponibilidad para ocupar una semana completa cono la finalidad adecuada dentro de los dos próximos meses”. Además, el Ayuntamiento tiene la obligación “de comunicar qué persona será responsable de facilitar el acceso a la expresada información y de las responsabilidades en que podría incurrir de impedirlo en los términos acordados”. El ayuntamiento cuenta con cinco días para recorrer la resolución.
Vicent Mascarell ha señalado que “la actitud dictatorial y anitdemocratica del gobierno municipal nos obliga a acudir de nuevo a la justicia para poder ejercer como oposición” y que este auto, como el anterior del mes de enero, cuestiona el mantra de la transparencia del gobierno municipal puesto que “cuando se acude a la justicia por la vulneración de un derecho fundamental es porque no han funcionado las vías democráticas que establece el funcionamiento de un Ayuntamiento”.